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EDITORIAL

Quiborax y la “Ley Valda”

11 Julio 2018Editorial
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Tal y como anticipáramos en este mismo espacio, hace cinco días, la Fiscalía General del Estado decidió acusar al expresidente Carlos Mesa por la presunta comisión de tres delitos cuando anuló las concesiones que la empresa chilena Quiborax tenía en el Salar de Uyuni a través de terceros.

Aunque el tema fue la apertura de la mayoría de los diarios del país, no se trata precisamente de una novedad ya que, por la forma en que fue planteado, este caso es más político que jurídico y la decisión de una Fiscalía General del Estado enmarcada en la hegemonía masista era más que previsible. No obstante, admitir esto último no significa darle la razón al acusado. También en este espacio, este diario publicó, más de una vez, que existen más de 150 juicios iniciados contra opositores políticos así que lo que ahora vemos es simplemente la continuación de una conducta que se ha convertido en característica del gobierno de Evo Morales.

Pero los primeros en zafarse del análisis político son los propios políticos. Aunque no es el primer caso, ni será el último, muchos partidos de oposición expresaron públicamente su respaldo a Mesa tras conocer la noticia de la proposición acusatoria. Eso confirma, también, que el expresidente se perfilaba como el principal adversario de Morales en las próximas elecciones presidenciales.

La decisión del Ministerio Público será oleada y sacramentada en el Órgano Legislativo que, como se sabe, ya no es un colectivo para la discusión y el debate sino simplemente el espacio de un hato de personas que solo saben levantar la mano o aplaudir a ministros interpelados cuando estos se libran de ese acto de fiscalización.

Lo que sí aparece como nuevo es que un diputado del MAS, Víctor Borda, anuncia que el ahora denominado “caso Quiborax” no se limitará a la acusación y el inminente juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa sino que dará pie a investigar quiénes fueron los responsables de que empresas chilenas, como Quiborax, hayan obtenido concesiones en un área del Salar de Uyuni que antes era reserva fiscal.

Siempre en este mismo espacio, este diario recordó, el 1 de julio, que la reserva fiscal del salar fue reducida como consecuencia de la promulgación de la Ley 1854, el 8 de abril de 1998. Hasta antes de esta ley, Dicha reserva era de 2.362.000 hectáreas y, tras su promulgación, se redujo a 1.344.000 hectáreas.

La Quiborax, asociada con el boliviano David Moscoso Ruiz, consiguió sus concesiones cuando se redujo la reserva fiscal. Por tanto, al buscar responsables de lo sucedido, lo más coherente es identificar a los autores de la Ley 1854. Los firmantes fueron Hugo Banzer Suárez, como presidente de la República; Carlos Iturralde Ballivián, Edgar Millares Ardaya e Ivo Kuljis Futchner, como ministros; y Walter Guiteras Denis, Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Gonzalo Molina Ossio, Edgar Lazo Loayza, Guido Roca Villavicencio, Jhonny Plata Chalar, en su condición de parlamentarios.

Pero no fueron los únicos. Acudiendo de oficio a la redacción del diario El Potosí, el exdiputado Angelo Porcel ratificó que los proyectistas de la Ley 1854 fueron los entonces senadores Gonzalo Valda Cárdenas, del MIR, y Walter Zuleta Roncal, del MNR. Sus nombres no aparecen en la ley porque, a sabiendas de lo que ocasionaría, se ausentaron para no firmarla.

Como se ratificó a lo largo de estos veinte años, el autor intelectual de la reducción de la reserva fiscal del Salar de Uyuni fue el exdirigente del MIR —y posteriormente de la UCS— así que, por ello, se denominó “Ley Valda” a la 1854.

Cualquier investigación sobre este escabroso tema tiene que incluirlo, al igual que a Moscoso que, hasta donde se sabe, es potosino pues salió bachiller de uno de los colegios tradicionales de la Villa Imperial.

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