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EDITORIAL

Lucha al contrabando

13 Marzo 2018El Potosí · Potosí
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Los hechos han demostrado que, por lo menos en el caso de Bolivia, las leyes no son suficientes para frenar al contrabando.

Lo primero que debe quedar claro es que el contrabando es un delito. Los diccionarios jurídicos llaman así “al tránsito de objetos cuya importación o exportación ha sido prohibida” pero también se denomina así a otro tipo de actitud, a “la importación o exportación de objetos cuyo tránsito no está prohibido, pero que se efectúa burlando el pago de los impuestos aduaneros que los gravan”.

Es preciso aclarar en qué consiste el contrabando porque este no es considerado delito en la cultura popular boliviana. Eso se debe a que esta actividad ilegal se practica a vista y paciencia de las autoridades, incluso en las grandes ciudades o en las capitales de Departamento.

En cada ciudad importante de Bolivia existe por lo menos un mercado de comercio informal que no es otra cosa que un espacio público en el que se vende productos de contrabando. Así, en La Paz están las calles Huyustus y Eloy Salmón como las principales representantes de esa actividad aunque en su vecina, El Alto, está la feria de la avenida 16 de Julio, famosa porque es el segundo mercado informal más grande del mundo, detrás de uno más grande que está en Calcuta, India.

En Cochabamba, el principal mercado del contrabando es “La Cancha” mientras que en Santa Cruz también hay más de uno y muchos de ellos ubicados en el Barrio Lindo. Oruro es centro de atracción para el comercio debido a la feria de las calles aledañas a la Fermín López. En Potosí, el contrabando se vende todos los fines de semana en la denominada “feria popular” mientras que el principal punto de concentración de esa actividad en Sucre es el Mercado Campesino.

Por cuestiones económicas —precios más bajos— los bolivianos solemos acudir a estos mercados prácticamente sin excepción. Allí compramos olvidándonos, la más de las veces, que, al hacerlo, nos estamos convirtiendo en cómplices del contrabando. El comercio informal reproduce la cadena cuando, por ejemplo, comerciantes de la “feria popular” o del Mercado Campesino viajan a Oruro o a El Alto a comprar mercadería que luego van a vender a Potosí y Sucre. Así, el contrabando gana intermediarios y se multiplica por nuestros mercados.

Por ello, no es de extrañar que los contrabandistas ejerzan su actividad con la mayor naturalidad del mundo y todavía se indignen cuando son interceptados por efectivos del Control Operativo Aduanero, del ejército o de la Policía. En su idiosincrasia, el contrabando no es un delito sino una actividad económica más, una en la que participamos todos y ellos son simplemente un eslabón. Por eso es que quienes ejecutan acciones de represión al contrabando suelen ser maltratados al desempeñar su función específica. Y por eso es que hay gente que va todavía más allá y no solo se enoja… dispara y mata.

Así se explica que los contrabandistas hayan llegado al extremo de asesinar a dos sargentos del ejército que cumplían con su misión al reprimir el contrabando. La reacción del presidente frente a ese hecho fue ordenar el inmediato envío de un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para autorizar a los uniformados (policías y militares) a que usen armas de fuego contra el contrabando.

Tomando en cuenta que el contrabando ni siquiera estaba tipificado como delito en el Código Penal, hay que admitir que el actual gobierno es el que más ha hecho en la materia al promulgar la Ley No. 100, del 4 de abril de 2011, que es el marco jurídico para luchar contra ese flagelo.

Sin embargo, ya vimos que las leyes no son suficientes. Hay que comenzar esa lucha cambiando mentalidades.

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