Con la promulgación de la Ley 1779 de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, el Órgano Judicial podrá acceder a unos 300 millones de los 1.000 millones de bolivianos que tiene en sus cuentas por este rubro.
Sin embargo, antes, en un plazo de 90 días, se debe realizar una auditoría a estos ingresos y reglamentar cómo se va a invertir en tecnología e infraestructura judicial, señaló este martes el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Primo Martínez.
Remarcó que la norma obliga a destinar estos recursos a infraestructura y tecnología, aunque consideró que la administración de justicia todavía requiere de un mayor presupuesto.
“Si bien es cierto que nos beneficia con algún monto de dinero, no es suficiente para funcionar. La situación del presupuesto debe ser permanente”, indicó.
El presidente Rodrigo Paz promulgó el pasado lunes la Ley Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, impulsada por el Órgano Judicial para incrementar el presupuesto de funcionamiento.
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