La Cámara de Senadores sancionó este miércoles el proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales y dispuso su remisión al Órgano Ejecutivo. La norma busca proporcionar un alivio económico importante al Órgano Judicial.

La norma fue aprobada en grande y en detalle, tras la explicación brindada por autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El proyecto consta de 21 artículos y varias disposiciones.

“Queda, por lo tanto, definitivamente sancionada la presente ley y debe ser remitida al Órgano Ejecutivo para fines de su promulgación”, señaló el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.

Al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo; la decana de esa institución, Rosmery Ruiz, y otros magistrados participaron en la sesión del Senado para explicar los procedimientos y alcances del proyecto de ley sobre depósitos judiciales.

“La Ley de Prescripción de Depósitos Judiciales lo que establece es que aquellos depósitos que, por el transcurrir del tiempo y luego de haberse ordenado la restitución por parte de una autoridad jurisdiccional, si en cinco años desde que se ordenó esa devolución las partes o la persona notificada no hacen efectiva esa devolución, entonces se consoliden en favor del Órgano Judicial como parte de los recursos propios disponibles”, explicó Saucedo.

La norma establece un régimen jurídico para la prescripción, declaración y consolidación de los depósitos judiciales abandonados o no reclamados, permitiendo que esos recursos sean administrados por el Órgano Judicial y destinados exclusivamente al fortalecimiento institucional, la modernización tecnológica y la mejora del servicio de justicia, garantizando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y a los derechos de las partes.

Saucedo reiteró que estos recursos serán destinados a tres áreas: el uso de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial, como la digitalización y la renovación de equipos de computación; el descongestionamiento de los juzgados del país; y el mejoramiento de la infraestructura judicial.

La decana Rosmery Ruiz describió las dificultades que enfrenta la población para acceder a la justicia, especialmente en las provincias, donde algunas personas deben recorrer largas distancias para llegar a una casa judicial.

“Estamos administrando justicia de manera que la población tiene que llevar los insumos para poder ser atendidos, lo que da lugar a la corrupción”, sostuvo.

Ruiz aclaró, además, que los recursos no se destinarán a incrementar los salarios de los magistrados, sino a mejorar el servicio judicial, bajo la fiscalización de la Contraloría General del Estado.

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