El sector exportador de madera en Bolivia atraviesa una crisis económica y operativa a raíz del “Caso Maderas”, desencadenado por acusaciones en Chile sobre la presunta presencia de sustancias controladas en cargamentos de exportación.
A pesar de que no se pudo comprobar la presencia de sustancias ilícitas en la madera, las medidas precautorias y el impacto mediático generó perjuicio al prestigio y a las actividades del sector privado boliviano.
Pérdidas millonarias y paralización operativa
De acuerdo con evaluaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y de la Cámara de Exportadores de La Paz, las consecuencias para las empresas madereras son considerables, entre los perjuicios se encuentran:
- Caída de exportaciones: Las proyecciones anuales del sector, que preveían envíos por 120 millones de dólares, se redujeron a menos de 40 millones de dólares para el cierre del año, una caída aproximada de dos tercios. A la fecha, se registran pérdidas consolidadas por 15 millones de dólares.
- Impacto laboral: La crisis provocó la separación de 20.000 trabajadores de una cadena productiva que abarca a 200.000 empleos en todo el país.
- Bloqueo logístico: Diversas empresas permanecen sin poder facturar ni exportar por sus vías habituales desde el mes de marzo, viéndose obligadas a buscar rutas alternativas por puertos de Perú, Brasil y Argentina.
- Pérdida de confianza internacional: Compradores extranjeros modificaron las condiciones de compra, posponiendo los pagos hasta la recepción de la carga en las aduanas de destino, lo que extiende el financiamiento de los exportadores entre 30 y 120 días adicionales.
Bolivia exige rigor científico y contramuestras
Frente a las irregularidades del proceso, el Gobierno de Bolivia y los gremios empresariales como el Comité de Madera de Camex, demandan que el Ministerio Público de Chile y sus peritos manejen las investigaciones dentro de un ámbito estrictamente científico, exacto y cuantitativo.
El sector critica que los informes del Instituto Salud Pública de Chile únicamente entregaran un umbral cualitativo ambiguo, mencionando presencia inferior al 5% de cocaína, ketamina y cafeína, sin precisar valores cuantitativos exactos. Peritajes independientes realizados con participación de exdirectores de la DEA determinaron que no existe droga en los cargamentos analizados.
Adicionalmente, se denunció la incineración de entre el 70% y 80% de la carga retenida en Arica, lo que obstaculiza la realización de peritajes independientes. Ante esta situación, en la audiencia judicial fijada para el próximo 20 de octubre, la defensa legal de los exportadores solicitará contramuestras de los contenedores resguardados en Valparaíso y San Antonio, así como peritajes con laboratorios independientes.
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