El Gobierno nacional y los gobernadores del país acordaron, en una reunión realizada en la ciudad de Cobija, redactar un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales. El documento final será enviado de manera conjunta a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 6 de noviembre, con el objetivo de establecer un nuevo modelo de asignación económica basado en la sostenibilidad y la eficiencia.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó sobre las conclusiones del encuentro, el cual forma parte de la denominada agenda 50/50. Según el cronograma definido entre el nivel central y las autoridades departamentales, el Poder Ejecutivo presentará una propuesta base hasta el 30 de octubre de 2026. Este documento será debatido en una mesa de diálogo similar a la desarrollada en la capital pandina antes de su remisión al Legislativo.

“Hemos acordado que hoy los equipos continuarán trabajando y lo van a hacer hasta que logremos un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales con base en criterios de sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, régimen competencial y eficiencia asignativa”, detalló el titular de la Presidencia.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la modificación de la Ley 767, referida al Fondo de Promoción para la Inversión y Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Aramayo anunció que el Ejecutivo y los gobernadores revisarán el mecanismo que retiene el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La reforma buscará mejorar los balances fiscales de las regiones y fortalecer su capacidad para acceder a financiamientos de organismos multilaterales.

Asimismo, las autoridades pactaron trabajar en una nueva ley básica de relacionamiento internacional que reemplazará a la actual Ley 699. Esta nueva normativa facultará a los gobiernos autónomos departamentales para gestionar cooperación internacional, inversiones, tecnología y financiamiento de proyectos, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De igual forma, se acordó concluir el trabajo técnico para modificar la Ley 154 de impuestos departamentales. La medida tiene como propósito ampliar la recaudación propia de las gobernaciones y mitigar la asfixia fiscal que, según reconoció el ministro, afecta a todos los niveles del Estado.

En cuanto a la gestión territorial y la descentralización, el nivel central y las administraciones subnacionales instalarán mesas técnicas permanentes y gabinetes territoriales. Se priorizaron las áreas de salud, educación, desarrollo productivo, minería y energía. El 30 de octubre se abrirá una primera instancia de trabajo para que el Ejecutivo proponga modelos de gestión sectorial que definan competencias claras. Además, se prevé que desde el 26 de octubre se emitan decretos supremos e instrumentos legales orientados a acelerar la ejecución de proyectos y materializar la política del presidente Rodrigo Paz de eliminar el “Estado-tranca”.

Durante la jornada, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando entregó al Ministerio de la Presidencia un sistema propio de georreferenciación. La herramienta tecnológica será analizada junto a la Agetic para evaluar su implementación en el diseño de políticas públicas y la mejora de la transparencia de datos.

Finalmente, Aramayo destacó la voluntad política de las autoridades departamentales para alcanzar consensos que apunten hacia una autonomía con financiamiento efectivo. “Creemos que la responsabilidad fiscal con la que estamos enfrentando este momento no debe desconocer aspectos de responsabilidad social, y hay un compromiso férreo de poder también apuntalar la gobernabilidad del país”, concluyó el ministro.

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