En representación de la Alianza Libre y por mandato del líder de esta fuerza política, Jorge Tuto Quiroga, el diputado Antonio Pino presentó en Sucre una proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los hechos violentos registrados en el Hotel Las Américas, en el denominado caso Terrorismo.
La iniciativa legal fue remitida al fiscal general interino con la solicitud explícita de que sea enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que este órgano analice y autorice el juzgamiento de las exautoridades.
Delitos de lesa humanidad y ejecuciones sumarias
El diputado Pino fundamentó la solicitud en las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que calificó lo ocurrido durante el operativo policial en el Hotel Las Américas como delitos de lesa humanidad y ejecuciones sumarias.
El parlamentario recordó que durante la intervención murieron tres personas y denunció que otros implicados sufrieron vejámenes e injusto encarcelamiento.
“Esto no es un hecho que incita al revanchismo, no es una proposición de persecución política, sino es un acto de redención jurídica. Las víctimas de este caso merecen justicia y el pueblo boliviano merece justicia”, afirmó Pino. Asimismo, remarcó que Evo Morales debe responder ante la justicia como cualquier otro ciudadano.
Prueba en la Asamblea Legislativa
Al ser consultado sobre la oportunidad de la denuncia, el legislador sostuvo que el escenario actual es propicio debido a que se cuenta con un fiscal general interino que goza del consenso de la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Pino subrayó que la aprobación de la proposición requerirá el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa. A su juicio, esta votación transparentará quiénes están dispuestos a respaldar acciones concretas contra los 20 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).
Por último, el diputado adelantó que Alianza Libre contempla presentar una segunda proposición acusatoria contra Morales por el caso La Calancha, una vez que se conozca el pronunciamiento formal de la CIDH sobre dicho evento.
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