Una nueva denuncia apunta al exfiscal general del Estado Roger Mariaca por presuntas irregularidades en el secuestro de una vagoneta de lujo que habría sido trasladada a Sucre para su supuesto uso personal. La familia propietaria del motorizado asegura que sufrió extorsiones de funcionarios policiales y una fiscal, mientras que su abogado calificó el hecho como un posible “robo institucionalizado”.

Luiggi Salaues, hijo de la propietaria, expresó su indignación tras conocer que el vehículo de su madre fue encontrado durante un allanamiento relacionado con Mariaca. Aseguró que la vagoneta fue adquirida legalmente en una autoventa y que su familia no tiene vínculos con las personas investigadas en ese procedimiento.

“Estamos aquí como familia súper apenado al ver las noticias del día de ayer, ver el vehículo que mi mamá compró en una autoventa legalmente. Ha sido encontrado en la Fiscalía o en el allanamiento que le han hecho al exfiscal”, manifestó en contacto con la prensa e Santa Cruz.

Según su relato, el motorizado fue retenido cuando su madre se encontraba en un supermercado junto a su hija de dos años. En ese momento, policías le informaron que la vagoneta estaba bajo investigación y la trasladaron a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permaneció aproximadamente dos horas.

“Mi mamá estaba con mi hermanita de dos años en el súper y les tocan la puerta a los policías y le dicen, este vehículo está siendo investigado. Entonces llevan a mi mamá, a la Policía, a la Felcc, nos tienen dos horas ahí y ven una manera. Se inventaron ese rato por qué quitarnos el vehículo”, denunció.

Salaues explicó que los funcionarios justificaron la retención señalando que la placa del vehículo figuraba en un papel encontrado durante otro allanamiento. Sin embargo, cuestionó que ese antecedente fuera suficiente para mantener el motorizado secuestrado, puesto que, según afirmó, su familia desconocía a las personas involucradas en el caso.

Denuncian presuntas exigencias de dinero

El hijo de la propietaria también denunció que su familia recibió presiones económicas para evitar que se iniciara una investigación en su contra. Aseguró que los mensajes recibidos daban a entender que el pago de dinero podía evitarles problemas legales.

“A mi madre, a mi familia nos tenían extorsionados, incluso si no da, no se preocupe, que, si usted da, no va a ser investigado. Nosotros no tenemos de qué ser investigado, mi mamá es una doctora, es médica, reconocida con más de 20 años de trayectoria”, afirmó.

El abogado de la familia, Martín Camacho, cuestionó la legalidad del procedimiento y pidió esclarecer quiénes ordenaron y ejecutaron la retención del vehículo, así como los fundamentos que utilizaron para justificarla.

“Aquí hay una irregularidad terrible que debe ser investigada. Eso es un robo institucionalizado. Al parecer, veían un vehículo que les interesaba, no sabemos si los policías o el Ministerio Público, y decidían en cualquier proceso inmiscuirlo para proceder al secuestro”, sostuvo.

Camacho anunció que presentará una denuncia y una queja ante el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, para solicitar que se investigue el caso y otros hechos que, según adelantó, podrían conocerse posteriormente.

“Nosotros estamos presentando justamente una denuncia, una queja, primero al fiscal general, al doctor José Armando Urioste Viera, para que investigue este y otros hechos que seguramente van a ir apareciendo”, señaló.

El jurista también pidió identificar a los policías que participaron en el operativo, establecer a qué unidad pertenecían y determinar quiénes habrían exigido dinero a la familia.

“Quiénes son los policías, de qué grupo pertenecen, que han participado en este ilegal secuestro, y además quiénes eran los que estaban extorsionando permanentemente y exigían distintas sumas de dinero, que iban desde los 30 mil dólares hasta los 10 mil dólares a la familia de mi defendido”, concluyó.

Hasta el momento, las acusaciones expuestas corresponden a la versión de la familia denunciante y su abogado, por lo que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

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