La Cámara de Diputados retomó este jueves la sesión para el tratamiento en detalle del Proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales y lo aprobó con más de dos tercios, tras la explicación brindada por autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.
Antes de analizar en detalle el proyecto, los legisladores recibieron una explicación de las autoridades judiciales sobre los procedimientos que se seguirán y el uso que se pretende dar a estos recursos. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), encabezada por su presidente, Romer Saucedo, respaldó el proyecto de ley.
La norma establece un régimen jurídico para la prescripción, declaración y consolidación de los depósitos judiciales abandonados o no reclamados, permitiendo que esos recursos sean administrados por el Órgano Judicial y destinados exclusivamente al fortalecimiento institucional, la modernización tecnológica y la mejora del servicio de justicia, garantizando, al mismo tiempo, el respeto al debido proceso y los derechos de las partes.
Según Saucedo, la iniciativa busca llenar un vacío legal respecto a recursos provenientes de fianzas económicas, multas y otros pagos jurisdiccionales que permanecen en las arcas del Órgano Judicial, pero que actualmente no pueden ser utilizados.
“A la fecha existen depósitos que se realizan por pagos o fianzas económicas, multas y otras cuestiones jurisdiccionales que, con el transcurso del tiempo, están en las arcas del Órgano Judicial, pero no pueden ser dispuestos para su utilización. Y son recursos que no le van a significar una erogación de gastos al Estado”, indicó el presidente del TSJ.
Explicó que la norma establece que las partes sean notificadas sobre la prescripción de estos depósitos y puedan presentar su oposición ante el juez de la causa. Si no existe oposición y se evidencia abandono por parte de los interesados, los recursos podrían ser consolidados a favor del Órgano Judicial.
Saucedo indicó que estos recursos serán destinados a tres áreas: el uso de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial, como la digitalización y la renovación de equipos de computación; el descongestionamiento de los juzgados del país; y el mejoramiento de la infraestructura judicial.
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