El acuerdo de 1.900 millones de dólares suscrito por la administración de Rodrigo Paz con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece, entre sus principales puntos, que el precio de la gasolina se alineará con los precios internacionales a partir de 2027.

El pasado 2 de octubre, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo de 36 meses con Bolivia, en el marco del Servicio Ampliado del FMI, que permitirá al país acceder a DEG 1.369 millones, equivalentes a unos 1.900 millones de dólares.

Este miércoles el FMI publicó en detalle el acuerdo alcanzado con Bolivia para apuntalar el programa de reformas, en el cual ratifica que el país deberá avanzar hacia una alineación completa de los precios minoristas de los combustibles con los precios internacionales a comienzos de 2027.

El subdirector Gerente y Presidente en Ejercicio del Directorio, Nigel Clarke, declaró, según un boletín de prensa, que “a lo largo del último año, las autoridades de Bolivia han adoptado importantes medidas para subsanar una serie de desequilibrios macroeconómicos de larga data”.

“El acuerdo del Servicio Ampliado del FMI contribuirá a la aplicación de su programa de reformas para restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los más vulnerables, reforzar la sostenibilidad fiscal, recomponer las reservas, fortalecer la resiliencia financiera y promover un crecimiento inclusivo impulsado por el sector privado. La implementación continua del programa, los sólidos planes de contingencia y el apoyo multilateral serán fundamentales para el éxito del programa”, agregó.

El acuerdo, al que tuvo acceso CORREO DEL SUR, establece que “la transición hacia el sistema de precios basado en fórmulas tendrá lugar en enero de 2027. El DS 5652, emitido en julio de 2026, incorporó el tipo de cambio flexible a la fórmula de precios establecida en el DS 5503, pero amplió el periodo de transición al fijar los precios minoristas por otros seis meses”.

Además, señala que “la decisión de fijar los precios respondió a la preocupación por las repercusiones macroeconómicas y sociales de un nuevo aumento significativo en el costo de los combustibles, en un contexto en el que la economía se recuperaba de 53 días de bloqueos e interrupciones en el suministro de combustible, derivados de desafíos logísticos y de la implementación de normas más estrictas de calidad del carburante”. También el documento hace referencia al decreto 5676, emitido en agosto pasado y que introdujo una excepción importante al permitir la venta de diésel a grandes consumidores y consumidores directos a precios de recuperación de costos, lo que ayuda a reducir los incentivos para el contrabando y a mitigar los costos fiscales de la política de precios fijos.