La Compañía de Jesús expulsó de la orden al sacerdote español Francesc Peris, de 84 años, después de que un tribunal interno de la Iglesia le considerase culpable de varios delitos de abusos sexuales a menores cometidos en Bolivia y Barcelona (España), al menos desde los años 70 del siglo pasado.
"Como consecuencia de la gravedad de los hechos probados en ese proceso", el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, decretó la expulsión de Peris del estado clerical y de la Compañía de Jesús, informó este lunes en un comunicado la orden.
La expulsión del estado clerical es la pena más grave y de carácter permanente prevista por el Derecho Canónico para este tipo de delitos.
Peris fue considerado culpable de varios delitos de abusos sexuales a alumnos y alumnas del colegio Jesuites de Casp de Barcelona y de la escuela Juan XXIII de Cochabamba (Bolivia), después de la investigación iniciada en 2023.
Los jesuitas lamentan "profundamente el mal causado" y asumen "su responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado", al tiempo que reconocen la "valentía" y el "coraje" de las víctimas por denunciar los abusos sufridos, "lo que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad".
Seguirá viviendo en una comunidad jesuita
Esta decisión supone que Francesc Peris pierde todos los derechos, responsabilidades y funciones propias del estado clerical y queda excluido del ejercicio del ministerio sacerdotal, según detalla la Compañía, que añade que podrá residir en una comunidad jesuita.
Una decisión que se adoptó para que Peris esté en "un entorno institucional en el que esté sometido a seguimiento y supervisión constante".
Para ello, suscribió un acuerdo con la orden que regula las condiciones en las que, ya sin ser jesuita ni sacerdote, pueda residir en esa comunidad.
El acuerdo incluye unas normas de conducta y una serie de prohibiciones que tiene que cumplir "de forma escrupulosa"; entre ellas, no tener ningún tipo de contacto con menores o adultos en situación de vulnerabilidad, no salir o ausentarse de la casa sin permiso expreso, no ponerse en contacto con ninguna víctima o no recibir visitas sin permiso expreso.
"Esta permanencia residencial no modifica ni atenúa en ningún caso las sanciones impuestas", subraya la orden, que explica que esta decisión responde a "la voluntad de compatibilizar la aplicación plena de las sanciones adoptadas con la responsabilidad de no desentenderse de una situación que requiere atención y seguimiento".
La Compañía mantiene su compromiso de atención integral a las víctimas, además de facilitar y colaborar con la investigación de cualquier nueva información que pudiera conocerse y continuar reforzando sus procedimientos de prevención, actuación y creación de entornos seguros.
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