Las declaraciones del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, de no posesionar de inmediato al fiscal general interino, José Armando Urioste, generaron una ola de críticas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde legisladores advirtieron posibles consecuencias legales si mantiene esa postura.
Lara señaló en las últimas horas, a su retorno al país, que no procederá con la posesión hasta contar con una consulta jurídica sobre el procedimiento. Además, desde su bancada anticiparon la presentación de un recurso de nulidad contra la designación de Urioste, lo que elevó la tensión política en torno a la Fiscalía.
Desde la oposición, el senador Branko Marinkovic sostuvo que una negativa a cumplir con la posesión podría configurar “incumplimiento de deberes”. “Aquí no hay caprichos, hay un país y hay una necesidad. Se eligió y se hizo una Asamblea (…) Si no quiere o no le parece, va a entrar en incumplimiento de deberes”, afirmó.
En la misma línea, la diputada Catherine Pinto remarcó que el rol del vicepresidente es formalizar la designación aprobada por la ALP. “Lo que él tiene que hacer es solamente reconocer al nuevo fiscal general del Estado y estaría incurriendo en incumplimiento de deberes”, manifestó.
Las críticas también incluyeron cuestionamientos políticos. El diputado Alejandro Reyes afirmó que la postura de Lara evidenciaría un supuesto vínculo con el exfiscal Roger Mariaca. “Él tenía nexos con el señor Mariaca (…) hay que ver que esos audios que muestra seguro fueron dados por Mariaca”, declaró, al tiempo de pedir una investigación.
Reyes añadió que, de persistir en su decisión, Lara podría enfrentar procesos e incluso una eventual remoción. “Sería el puntapié para removerlo del cargo”, advirtió.
El conflicto surge en medio de la designación de Urioste como fiscal interino, una medida que ahora enfrenta resistencias y cuestionamientos legales, mientras el Ejecutivo y la ALP mantienen posturas divergentes sobre su aplicación.
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