Luis Montaño, quien se autoproclamó como Fiscal General del Estado interino el pasado 1 de octubre, abandonó las instalaciones de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), la tarde de este sábado, tras prestar su declaración informativa y acogerse a la presentación voluntaria ante las autoridades.

Tras su comparecencia, la instancia pertinente determinó el cese de su arresto, permitiéndole retirarse del lugar en calidad de investigado, aunque el proceso judicial en su contra por el presunto delito de usurpación de funciones continúa abierto.

A su salida de las oficinas policiales, Montaño evitó emitir declaraciones a los medios de comunicación. No obstante, su equipo legal confirmó la medida dispuesta por las autoridades:

"Han ordenado el cese de arresto y nos estamos sometiendo a la investigación. Ya declaró y la investigación va a continuar. Salió en calidad de investigado", explicó su defensa, citada por El Deber. 

El origen del conflicto

El conflicto se originó cuando Montaño asumió la suplencia temporal del máximo cargo del Ministerio Público —tras la aprehensión de Roger Mariaca—, argumentando ser el fiscal superior con mayor antigüedad. En su momento, justificó su decisión amparándose en una interpretación de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260), la cual establece que ante la ausencia del titular corresponde la suplencia por orden de prelación.

Asimismo, aseguró que permanecería en el cargo de manera interina hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designara a una nueva autoridad.

Sin embargo, esta acción fue desconocida de inmediato por el Gobierno nacional, que cuestionó la legalidad de su autoproclamación al señalar que ningún funcionario puede asumir el cargo por decisión propia y que dicha potestad recae exclusivamente en el Órgano Legislativo. Ante esto, el Ejecutivo anunció acciones legales que derivaron en una orden de búsqueda policial, motivando la posterior presentación voluntaria de Montaño ante la Delcc.

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