Un funcionario de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, denunciado por una supuesta extorsión con 5.000 bolivianos a un juez en Santa Cruz, fue aprehendido en las últimas y será procesado en la vía penal.

El Consejo de la Magistratura presentó una querella por los delitos de cohecho e incumplimiento de deberes y emprenderá un proceso disciplinario, señaló este martes su presidente Carlos Spencer en una conferencia de prensa en Sucre.

Spencer informó que la intervención se realizó ante la difusión de un audio en el que se escucha a un funcionario solicitando presuntamente una suma de dinero a un juez, a cambio de evitar una eventual sanción.

La autoridad explicó que, una vez que tomó conocimiento del hecho, dispuso una intervención y acción directa, que derivó en la aprehensión del funcionario y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público, para que se desarrollen las investigaciones correspondientes.

Asimismo, informó que el Consejo de la Magistratura asumirá acciones legales contra el servidor involucrado por la presunta comisión de delitos vinculados a cohecho e incumplimiento de deberes, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran establecerse durante la investigación.

La autoridad señaló también que se realizará un levantamiento técnico y una investigación respecto a la participación del juez cuyo diálogo se escucha en el audio, con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho y establecer si corresponde iniciar un proceso disciplinario, independientemente de las acciones que pudieran desarrollarse en la vía penal.

“Vamos a actuar con mano dura contra todos los funcionarios que pretendan aprovecharse de sus cargos. Aquí no se va a encubrir a nadie. Si existen elementos que demuestren irregularidades, se investigará y se actuará conforme a la ley”, manifestó Spencer.

Remarcó que la lucha contra la corrupción debe traducirse en acciones inmediatas y concretas, garantizando al mismo tiempo que las investigaciones se desarrollen conforme al debido proceso y que sean las instancias competentes las que determinen las responsabilidades correspondientes.

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