El Gobierno de Estados Unidos decidió retirar las visas al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de otros altos funcionarios de Bolivia, bajo la acusación de haber participado en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Las restricciones de ingreso a territorio estadounidense corren también para sus familiares directos.

La medida fue comunicada a través del documento titulado “Restricciones de visado para ciudadanos extranjeros que socavan gobiernos democráticamente elegidos en países del hemisferio occidental” e incluya a 12 bolivianos, entre los que se encuentran tres fiscales, tres jueces, un magistrado constitucional, un exmagistrado de la Suprema, un exministro de Justicia, un expresidente ejecutivo de Aduanas, un coronel de la Policía que fue Director General de la Felcn e Inspector General y un empresario (ver lista aparte).

EEUU –que aplicó esta misma política de Estado a otros tres países: Colombia, Ecuador y Perú– explica que se “restringe la concesión de visas a ciudadanos extranjeros –y a sus familiares directos– que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico en nuestra región. Socavar a un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”.

CONTRA MARIACA

El comunicado dedica dos párrafos aparte a Mariaca “por su participación en casos de corrupción significativa”. Para el Departamento de Estado, el actual Fiscal General “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia”. También señala que “sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente [Donald] Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo [de las Américas], busca fortalecer”.

“El Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos –asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de ‘Escudo de las Américas’ del 22 de septiembre– de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico”, justifica.

POSICIÓN DE SAUCEDO

Según el presidente del TSJ, Romer Saucedo, “cada Estado tiene sus propias políticas en cuanto a las leyes migratorias y el pretender inmiscuirme en las decisiones o en las disposiciones de otro país sería inmiscuirme en la soberanía de él”. Además, “cada juez es responsable de su resolución y, en el marco de esa independencia con la que actúa, ellos tendrán que responder si es que se ‘apertura’ una investigación en alguna situación que puedan estar involucrados”.

Mariaca denuncia injerencia de EEUU

Luego de conocer el pronunciamiento de Estados Unidos, que lo acusa de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia, el fiscal general Roger Mariaca atribuyó su prohibición de ingreso a aquel país a las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra el exasesor presidencial Fernando Cerimedo, los casos ‘Narcomaletas’ y ‘Gasolina basura’, entre otros.

Mariaca dijo que respeta las decisiones que cada Estado adopta en su política migratoria, pero que espera ese mismo respeto hacia las instituciones y autoridades de Bolivia.

“Como Estado soberano y respetuoso del derecho internacional, respetamos las decisiones que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción. Bolivia no pretende ni ha pretendido intervenir en las decisiones soberanas de otros Estados. Pero, precisamente porque creemos en la soberanía, en la autodeterminación de los pueblos y en el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, también esperamos el mismo respeto hacia Bolivia, sus instituciones y sus autoridades”, afirmó, rodeado de los funcionarios de la Fiscalía General.

Mariaca advirtió posturas que buscan condicionar el trabajo del Ministerio Público y aseguró que las investigaciones que están bajo su gestión continuarán. Citó entre ellas al denominado caso Cerimedo.

Cámaras piden que se aparte del cargo

Luego de que el Gobierno de EEUU acusara al fiscal general Roger Mariaca de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente, se pronunciaron este lunes en sentido de que consideran necesario que la autoridad del Ministerio Público se aparte del cargo mientras se esclarezcan e investiguen las denuncias en su contra.

T“Consideramos que es necesario que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido. Esta medida debe permitir que las investigaciones se desarrollen con plena independencia, sin interferencias y privilegios”, dijo Ávila.

Castro, por su parte, describió el perjuicio que significa para el país el hecho de que una autoridad sea sindicada. 

Ambos indicaron que también solicitaron a la Cancillería obtener información oficial de EEUU sobre las denuncias contra Mariaca.