La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) se declaró en estado de emergencia ante la aplicación del Decreto Supremo 5727, norma que establece procesos de reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central, y que —según el sector— podría generar riesgo para la estabilidad laboral.
El dirigente minero Andrés Paye expresó su rechazo a la medida y cuestionó el rol de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (Ofep). “No vamos a entrar al juego de la Ofep. (…) ahora están queriendo engrosar la fila de los desocupados de este sector. No lo vamos a permitir”, afirmó, al advertir posibles efectos negativos en el empleo.
El DS 5727 establece que los procesos de reestructuración se definirán en base a diagnósticos técnicos elaborados por la Ofep y aprobados por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep). En caso de reorganización, las entidades responsables tendrán hasta 15 días hábiles para ejecutar las acciones; mientras que la disolución o liquidación deberá tramitarse mediante normativa específica.
Paye cuestionó también los informes técnicos sobre el desempeño de las empresas estatales, señalando que en el sector minero existirían errores en la evaluación financiera y productiva. En ese marco, aseguró que la Fstmb no aceptará “falsedades” y pidió que los análisis reflejen la realidad operativa de las empresas.
La norma contempla además restricciones para las empresas en proceso de liquidación o disolución, como limitaciones para contraer nueva deuda, acceder a garantías del Tesoro, disponer de activos o contratar personal permanente, salvo excepciones vinculadas a la continuidad operativa.
En paralelo, el dirigente minero también rechazó el DS 5716, que modificó el precio del diésel, al señalar que el incremento impacta en los costos del sector. Sin embargo, aclaró que no se ha registrado paralización de actividades y que la federación analiza medidas para mitigar el impacto económico.
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