Autoridades de distintas alcaldías y gobernaciones del país advirtieron este lunes que la eliminación de la subvención al diésel impactará negativamente en las finanzas de los gobiernos subnacionales, la ejecución de obras y la provisión de servicios esenciales, por lo que demandaron al Gobierno nacional compensaciones económicas, presupuestos adicionales y mesas de diálogo para amortiguar el alza de costos.
En La Paz, el alcalde César Dockweiler advirtió que la comuna precisará un presupuesto complementario de entre 40 y 45 millones de bolivianos solo para asegurar hasta fin de año la operación de los buses Pumakatari, el recojo de basura y la atención de riesgos. “Necesitamos unos Bs 45 millones adicionales para cubrir las necesidades de la ciudad hasta fin de año”, declaró a la prensa paceña. Frente a este panorama, el burgomaestre solicitó una reunión urgente con el presidente Rodrigo Paz para encontrar salidas conjuntas sin transferir el costo a los vecinos.
Por su parte, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, calculó que el nuevo costo del carburante elevará en promedio hasta un 30% el valor de las obras departamentales. “El incremento podría afectar hasta en un 30% promedio, dependiendo de las características y los alcances de cada uno de los proyectos”, indicó.
La autoridad explicó que su administración evalúa utilizar el margen del 15% permitido por la normativa para cubrir la diferencia, tramitar modificaciones presupuestarias o reducir los alcances físicos para evitar la suspensión de los trabajos en las obras.
