El expresidente y líder del partido Libre, Jorge Tuto Quiroga, emplazó al Estado chileno y al presidente José Antonio Kast a esclarecer el caso “maderas” y determinar si realmente existió cocaína en los cargamentos bolivianos. Advirtió que, si se confirman irregularidades, exigirá justicia, sanciones y resarcimiento económico para Bolivia.
“Emplazamos al Estado chileno, al presidente Kast, a que terminen la tarea, que demuestren si hay un empresario maderero que exportó una lámina de madera con cocaína”, afirmó Quiroga durante una conferencia conjunta con representantes del sector maderero y exportador.
El exmandatario respaldó los informes del exagente de la DEA James Craig Kuykendall y del químico forense Scott Oulton, contratados por el sector empresarial maderero-exportador, que cuestionan los procedimientos y resultados de los análisis realizados en Chile. Entre las observaciones mencionó que, de un mismo cargamento, dos muestras habrían arrojado resultados diferentes.
Quiroga también señaló que uno de los informes cuestiona la capacidad del laboratorio del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile para realizar análisis relacionados con narcóticos. Por ello, sostuvo que se debe determinar de manera independiente qué ocurrió con las muestras y los procedimientos aplicados.
El caso se remonta al 8 de junio, cuando el fiscal regional de Arica informó sobre la presunta detección de más de 100 toneladas de droga en cargamentos de madera boliviana, un anuncio que derivó en la paralización de exportaciones y cuestionamientos al sector.
Los representantes empresariales señalaron que los informes identificaron otras inconsistencias, entre ellas la falta de certificaciones y cuestionamientos al uso de determinados equipos. Afirmaron que, hasta el momento, las autoridades chilenas no presentaron a Bolivia pruebas que demuestren la presencia de droga en los cargamentos.
Osvaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), informó que más de 45 contenedores permanecen retenidos y anunció gestiones para denunciar el caso ante instancias internacionales. También pidió que se liberen las cargas y se establezcan responsabilidades por el perjuicio ocasionado.
El caso afectó a un sector que genera empleo para más de 200 mil personas y provocó la pérdida de alrededor de 20 mil empleos directos, según Walter Ríos, de la Cámara Forestal Boliviana. Estimó además en $us 10 millones el daño por los contenedores retenidos y en unos $us 16 millones las exportaciones que el sector dejó de generar hasta junio.
Entre tanto, Mario Rojas, presidente de la Cámara de Exportadores de La Paz, señaló que 23 empresas fueron afectadas y que algunas tuvieron que despedir a más del 90% de su personal. Planteó además reducir la dependencia de los puertos chilenos mediante una estrategia nacional que utilice alternativas en Perú, Chile, el Atlántico y las hidrovías.
El sector anunció que evaluará el resarcimiento económico una vez que se realicen las auditorías y contrapruebas recomendadas en los informes. Quiroga habló de una reparación de “10 dígitos” en dólares y pidió que el caso se resuelva con urgencia, antes de la visita de autoridades chilenas a Bolivia prevista para octubre.
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