El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1765, que pone en vigencia el contrato de crédito por 1.369 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abre paso a la aplicación de las reformas económicas acordadas entre el Gobierno y el organismo internacional.
La ley, publicada por la Gaceta Oficial este fin de semana, indica que el acuerdo pretende “respaldar el programa integral de reformas económicas, conforme a las condiciones financieras establecidas en el SAF, cuya gestión técnica ha sido efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”.
El contrato busca atender el complejo escenario económico que enfrenta Bolivia, marcado por déficits fiscales persistentes, la caída de los ingresos por hidrocarburos, la reducción de las reservas internacionales, presiones inflacionarias y dificultades para acceder a divisas.
De acuerdo con el contrato, la corrección de estos desequilibrios será gradual y combinará medidas para reducir el déficit fiscal, fortalecer la posición externa del país, proteger a los sectores más vulnerables y recuperar condiciones para la inversión y el crecimiento económico.
El programa también plantea reconstruir las reservas internacionales, reducir los desequilibrios fiscales y externos y fortalecer las redes de protección social, con el objetivo de generar condiciones para un crecimiento sostenible.
El acuerdo aclara que el financiamiento del FMI no reemplaza las decisiones de política económica del Estado boliviano. El organismo internacional respalda el programa económico definido por las autoridades nacionales.
El Servicio Ampliado del Fondo (SAF) es un mecanismo destinado a países que enfrentan problemas de balanza de pagos y desequilibrios estructurales de mediano plazo. Indica que los 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), permitirá cubrir una parte de las necesidades de financiamiento del país sin concentrar los vencimientos en el corto plazo.
El plazo de repago será de hasta 10 años desde cada desembolso, mientras que la amortización comenzará después de cuatro años y seis meses. Ese periodo, según el análisis financiero incorporado al acuerdo, permitirá al Estado contar con un margen de tiempo para aplicar las reformas y avanzar en la estabilización de la economía antes de comenzar a devolver el capital.
El análisis reconoce que Bolivia ya enfrenta riesgos de solvencia derivados de su situación fiscal y financiera y que el nuevo crédito incrementará marginalmente el nivel de endeudamiento. Sin embargo, el documento concluye que la operación, por sí sola, no llevaría al país a una situación de insostenibilidad de la deuda.
Las proyecciones sobre la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y las necesidades de financiamiento muestran, según el análisis, una tendencia hacia la estabilización en el mediano plazo.
El cumplimiento de los pagos dependerá de las proyecciones fiscales y de que el Tesoro General de la Nación incluya oportunamente en el presupuesto los recursos necesarios para atender el capital, los intereses y los demás costos asociados al crédito.
La ley promulgada compromete al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a remitir a la Asamblea semestralmente, la información sobre la ejecución del crédito, presentando informes documentados.
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