Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invirtió Bs 470 millones en “bunkers digitales”; sin embargo, no cuenta con un sistema para rastrear el destino de los combustibles, reveló este viernes el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, quien es miembro de la comisión de intervención a la estatal petrolera.
En conferencia de prensa desde Santa Cruz, la autoridad informó que esta comisión efectuó una intervención al denominado “Bunker Digital” de YPFB, ubicado en la avenida 16 de Julio, en el Prado, de la ciudad de La Paz.
“Hemos recabado información acerca de cuánto ha gastado YPFB en los últimos cinco años en infraestructura tecnológica, y resulta que los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para montar bunkers digitales”, dijo.
Cuestionó que, pese a contar con estos “bunkers digitales”, la estatal no haya desarrollado un sistema informático que permita garantizar la trazabilidad del combustible, desde su ingreso hasta su despacho y conocer a quienes se entrega, bajo qué criterios y quiénes estarían incurriendo en sobrecargas, sobrefacturación o desvío.
“La responsabilidad no solamente va a la parte operativa, sino que también existen responsables ejecutivos de haber dispuesto 470 millones de bolivianos en el pasado y no han podido generar soluciones estructurales a esta problemática de contrabando y desvío que se ha institucionalizado en el pasado”, señaló.
Indicó que este viernes se hará una intervención con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación para identificar a quiénes “seguían permitiendo que usuarios del pasado sigan interactuando con estos sistemas vulnerables”.
“No nos vamos a limitar solamente a estas actividades, sino que también estamos efectuando acciones en relación a otro tipo de gastos que ha efectuado YPFB y que no han resuelto la problemática, sino que se han convertido en gastos suntuosos”, añadió.
Mencionó que la denominada Casa Ejecutiva de YPFB, también ocasionó “una millonaria asignación de recursos en construcciones de lujo, en bienes suntuosos, por lo que a nivel jurídico-procesal se está generando esta intervención a todo nivel”.
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