El Comando General del Ejército presentó una querella formal ante el Ministerio Público contra el exministro de Defensa Edmundo Novillo por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, a raíz de las explosiones ocurridas el 4 de septiembre en dependencias militares de Viacha.

La acción penal se fundamenta en documentación administrativa y en un informe técnico de septiembre de 2025 que advirtió sobre el estado de descomposición de material pirotécnico y explosivo almacenado, al que catalogó como una “amenaza real e inminente” y recomendó su desactivación, incineración o repliegue, según refiere un comunicado oficial de la institución armada.

El comandante general del Ejército, general de división Héctor Alejandro Alarcón, explicó en conferencia de prensa que la demanda señala a la exautoridad porque “con la omisión o el evitar haber realizado ciertas acciones produjo lamentablemente el día de hoy la muerte de nuestros camaradas”.

Alarcón detalló que el informe fue recibido con sello oficial el 25 de septiembre de 2025, remitido por el comandante del Centro General de Mantenimiento de Material Bélico. Durante la inspección de entonces, el documento constató que los materiales exhibían “daños visibles en su estructura física, tales como embalajes deteriorados, alteración de sus compuestos químicos, desprendimiento de residuos y presencia de humedad interna, indicadores inequívocos de degradación química y física que incrementan el nivel de riesgo inherente a su manipulación y almacenamiento”.

“El evidente deterioro físico y químico de los fuegos pirotécnicos en depósito lo convierte en un material altamente inestable y susceptible de incendio accidental, lo cual contraviene los principios de seguridad y prevención de riesgos establecidos en la normativa nacional, Ley 400, artículo 52 y 53, y en las disposiciones de seguridad interna de las Fuerzas Armadas”, advertía el reporte técnico leído por la autoridad militar.

El comandante castrense agregó que la sugerencia planteada en aquel documento consistía en “realizar la desactivación inmediata y posterior incineración del material pirotécnico bajo la supervisión del personal especializado y con la correspondiente elaboración de un acta oficial de destrucción en cumplimiento de los principios de transparencia administrativa”.

La exautoridad, “al haber omitido dar una respuesta o haber dado una solución a este hecho, tal vez en esa oportunidad habría evitado que el día de hoy suframos con pérdidas humanas y daños materiales a la población de Viacha”, aseveró Alarcón, quien remarcó que ahora corresponde a la Fiscalía investigar los nexos entre las omisiones denunciadas y el suceso.

En relación con las tareas de rescate en la unidad siniestrada, el jefe castrense informó que efectivos del Ejército y la Policía mantendrán los trabajos “hasta lograr realizar la limpieza total de los escombros que se encuentran en esa unidad”, con el fin de hallar a cinco integrantes de la fuerza que continúan desaparecidos.

Asimismo, Alarcón declaró que no recibió parte oficial sobre militares aprehendidos por este hecho y comunicó que se solicitaron informes al Ministerio de Defensa y al Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando para verificar si existen cargamentos similares depositados en otros cuarteles del país.

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