Durante la mañana de este martes 8 de septiembre, bajo un operativo de seguridad, Fernando Cerimedo fue trasladado desde el penal de Palmasola en Santa Cruz hasta la cárcel de Chonchocoro en La Paz.
El exasesor deberá cumplir 180 días de detención preventiva mientras el Ministerio Público procesa una serie de nuevas imputaciones. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la fiscalía decidió ampliar los cargos iniciales, detectando indicios que vinculan al investigado con una red de beneficios económicos y administrativos ilícitos.
La evolución de la etapa preparatoria en la Sede de Gobierno indica que el Ministerio Público indicó un tipo penal más complejo de lo previsto. Lo que inicialmente se entendía como una investigación por enriquecimiento ilícitoderivó en un esquema de corrupción administrativa.
La fiscalía sostiene que Cerimedo, bajo su condición de asesor, habría ejercido atribuciones públicas sin contar con el nombramiento legal correspondiente, con lo que se menciona un presunto uso indebido del aparato estatal para fines privados.
Mariaca, validó la apertura de la investigación de oficio y la ampliación de delitos mediante una declaración este martes. “En el departamento de La Paz en primera instancia se aperturó por enriquecimiento ilícito en contra del mismo (…). Así también se ha ampliado la investigación por otros hechos penales, entre ellos usurpación de funciones, legitimación de ganancias ilícitas y otras que con seguridad se procesarán”, precisó.
Según la autoridad, la comisión de fiscales asignada tiene previsto tomar la declaración ampliatoria de Cerimedo en su nuevo lugar de reclusión en las próximas horas para profundizar en el origen de los fondos y el alcance de su “autoridad de facto”.
Tentativa de feminicidio y red de corrupción
La crisis judicial de Cerimedo se detonó en Santa Cruz a raíz de un hecho de violencia de género que funcionó para desvelar la presunta estructura de corrupción estatal. Este caso expone, por un lado, una agresión física y, por otro, la vulnerabilidad de las instituciones.
Tras los hechos contra la abogada Nadia Beller, Cerimedo enfrenta cargos por tentativa de feminicidio y violencia familiar y psicológica. No obstante, el impacto político escaló cuando Beller denunció que su expareja lideraba una red de corrupción y ejercía el “poder real” en el gobierno, con la supuesta anuencia del presidente Rodrigo Paz y su entorno.
A pesar de que el presidente Paz y su gabinete intentaron minimizar la relevancia del consultor, la evidencia disponible en redes sociales —que incluye chats, audios e imágenes viralizadas— contradice la narrativa oficial.
Investigaciones de la prensa afirman que Cerimedo mantenía un papel preponderante en la administración hasta horas antes de su aprehensión. Esta contradicción generó una crisis de credibilidad institucional para el Ejecutivo, especialmente ante el ofrecimiento de Beller de constituirse en testigo protegido.
Investigaciones por narcotráfico
La situación jurídica del imputado se agrava con un tercer frente abierto en el departamento del Beni, un factor que complica a su defensa. Esta causa introduce elementos de peligrosidad y sugiere nexos que trascienden la corrupción administrativa para tocar estructuras delictivas transnacionales.
En esta jurisdicción, la fiscalía investiga los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y otros. Según informó Mariaca, aunque el proceso se inició contra “presuntos autores”, ya se tomaron declaraciones a diversas personas para determinar el grado de participación de los involucrados en esta zona de frontera.
La apertura de este expediente añade una presión técnica al proceso, vinculando a Cerimedo con investigaciones de narcotráfico en un momento en que su influencia política se desmoronó.
La acumulación de tres procesos penales en distintas jurisdicciones territoriales coloca a Fernando Cerimedo en una situación de fragilidad legal. La presión sobre su defensa se incrementa debido a la multiplicidad de causas y la gravedad de los tipos penales que abarcan desde el crimen organizado hasta la usurpación de funciones públicas.
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