Víctor Miranda, miembro del directorio de YPFB y representante del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, propuso reducir de 180 a 90 días el plazo de intervención de la petrolera estatal y planteó que una comisión de la Asamblea Legislativa fiscalice el proceso.
“Yo propondría que, en vez de que sean 180 días (...) Más bien sean 90 días, o sea, que hasta diciembre o finales de diciembre tengamos ya una idea exacta, un diagnóstico real de qué es lo que está pasando en Yacimientos”, afirmó en el noticiero Bolivia en Contacto de Erbol.
Miranda consideró que la intervención es un buen inicio para establecer un diagnóstico sobre la importación y distribución de carburantes, aunque cuestionó que el plazo previsto por el Gobierno sea demasiado extenso. También sostuvo que una eventual reestructuración debe partir de información real sobre las falencias de la empresa.
Asimismo, planteó que la Asamblea Legislativa acompañe el proceso mediante una comisión de fiscalización, con el argumento de que alguien debe supervisar la intervención. Propuso además ampliar la revisión a las actividades de YPFB de los últimos 20 años para transparentar lo ocurrido en la empresa.
El representante tarijeño señaló que las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales deberán determinarse a partir de los resultados de las auditorías e informes de la intervención. Añadió que la Contraloría será parte de ese proceso y que no corresponde anticipar responsables mientras no se conozcan los resultados.
El Gobierno dispuso, mediante el Decreto Supremo 5697 del 1 de septiembre, la intervención de YPFB por hasta 180 días ante deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de carburantes. La norma creó una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, integrada por representantes de cinco ministerios, para revisar estas operaciones, recomendar auditorías e identificar posibles irregularidades y responsabilidades.
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