El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, posesionó recientemente a cinco nuevas autoridades fiscales para los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija y Beni. Si bien el acto, realizado en Sucre, fue presentado como el inicio de una etapa de fortalecimiento en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la violencia; sin embargo, algunas voces cuestionan la legitimidad y la estabilidad de estos cargos debido a la ausencia de procesos transparentes de selección.

De acuerdo con el jurista Edgar Arraya, la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260) señala que la designación de los fiscales departamentales debe realizarse de manera obligatoria mediante una convocatoria pública y concurso de méritos. Sin embargo, denunció que este mandato legal no se cumplió en las designaciones realizadas en las últimas horas.

El abogado indicó a Correo del Sur Radio que al no haber sido nombrados mediante exámenes de competencia ni pasar por un proceso formal de institucionalización, los nuevos fiscales departamentales asumen sus cargos en calidad de “interinos”. Esta condición, considera, los deja en una posición de extrema vulnerabilidad, pudiendo ser removidos o reemplazados de forma discrecional en cualquier momento.

Para Arraya, la fragilidad institucional se evidencia en la imprevista rotación de las autoridades fiscales en regiones estratégicas. Como ejemplo, citó los casos de Tarija y Potosí, donde los fiscales departamentales fueron relevados tras haber ejercido sus funciones por apenas un año o meses, y sin que se dieran a conocer públicamente los motivos técnicos de sus cambios.

El jurista destacó especialmente el caso de Tarija, donde el fiscal saliente mostraba resultados en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en zonas fronterizas como Yacuiba y Villa Montes. “No conocemos qué es lo que ha ocurrido directamente para el cambio inesperado”, cuestionó Arraya y sugirió que estas remociones sorpresivas generan desconfianza, especialmente en departamentos de alta actividad económica y delictiva como Potosí.

La única transición que respondió al cumplimiento estricto de un mandato legal fue la de Chuquisaca. En este departamento, el fiscal saliente, Mauricio Nava Morales, concluyó su período de gestión establecido por ley para evitar incurrir en nulidades constitucionales.

Nava Morales pasó a desempeñarse como Fiscal Superior y asesor en la Fiscalía General, mientras que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca fue asumida por Alexander Mendoza, quien previamente ejercía funciones en el Beni.

Las críticas de Arraya también salpican la designación de los fiscales de materia, encargados de llevar adelante las investigaciones cotidianas. El abogado advirtió que exfuncionarios políticos de gestiones “altamente cuestionadas” y personas con “antecedentes dudosos” son incorporadas a la estructura fiscal.

Entre los casos expuestos, mencionó el nombramiento como fiscal de materia en Sucre de un exjefe de gabinete vinculado a la polémica gestión del exgobernador Esteban Urquizu. Asimismo, denunció el caso de un exdirigente universitario de Sucre investigado localmente, quien reapareció cumpliendo funciones como fiscal de materia en el área de delitos patrimoniales en la ciudad de La Paz.

“Es el país de las maravillas”, ironizó Arraya, señalando que estas designaciones ponen en entredicho la imparcialidad del Ministerio Público al colocar causas delicadas en manos de exfuncionarios con presuntos vínculos políticos.

Por último, el analista recordó que, bajo el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público tiene el deber supremo de defender a la sociedad bajo los principios de objetividad, legalidad y certeza.

Alertó que la emisión de fallos contradictorios —como el reciente y definitivo rechazo de cargos fiscales a favor de la esposa del presidente del Estado en grado de complicidad, mientras que a otros coprocesados por los mismos delitos se les imputa detención preventiva— demuestra que se está “torciendo la ley” en territorio nacional.

Advirtió que este tipo de actuaciones carentes de prueba objetiva serán revisadas “con lupa” en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que eventualmente acarreará responsabilidades internacionales y sanciones para el Estado.

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