El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó la intervención ordenada por el Gobierno boliviano a YPFB. Antelo advirtió que esta medida no resolverá la urgente necesidad de abastecimiento de combustible que enfrenta la población en los surtidores, afirmando categóricamente que la intervención estatal “no va a dar un litro de diésel” en los próximos días.
Para el representante empresarial, citado por Unitel, la solución de fondo no radica en que la principal empresa estatal actúe como un simple comercializador de carburantes. Por el contrario, Antelo sugirió que YPFB debe “repensarse” y volver a enfocarse en sus funciones estratégicas originales, las cuales consisten en la exploración de petróleo y la construcción de refinerías para solucionar la crisis de abastecimiento de manera estructural.
En sus declaraciones, el titular de Cainco ratificó el rechazo absoluto de su sector hacia el Decreto Supremo 5676, norma gubernamental que eliminó la subvención del diésel para los grandes consumidores del país.
Según su perspectiva, tanto esta medida como sus normas complementarias representan únicamente “parches” que intentan ordenar la economía sin resolver las necesidades reales de la población.
El dirigente empresarial argumentó que establecer un esquema con dos precios diferenciados distorsiona el mercado de combustibles, fomenta la exclusión de ciertos consumidores y propicia escenarios de especulación y contrabando. Frente a esta distorsión, Cainco aboga por la solución y corrección de este decreto que no ha cumplido con su objetivo principal en las calles.
La propuesta de la entidad privada apunta a que debe existir un “sinceramiento” completo y real del costo de los combustibles, en lugar de un proceso llevado a cabo “a medias”. El dirigente recordó que el 96% del diésel consumido en Bolivia es importado, afectando directamente al sector transporte, al sector productivo y al sector minero, por lo que el precio debe corresponder a la realidad del mercado.
No obstante, aclaró que este sinceramiento de precios no debe traducirse en un desamparo para los ciudadanos con menos recursos. En la visión de Cainco, el incremento del combustible debe estar acompañado de un esquema de focalización para asegurar que las familias más vulnerables cuenten con una adecuada protección social frente al ajuste de precios.
Específicamente, el líder empresarial sugirió la adopción de un programa de protección y subsidios anticipados, orientado a mitigar el impacto del incremento del diésel sobre las familias vulnerables y los pequeños y medianos productores. Además lamentó que el Gobierno se haya retrasado considerablemente en la generación de este sistema de protección que ya cuenta con financiamiento.
Por otra parte, enfatizó que variables como el tipo de cambio, la escasez de divisas, la falta de combustibles y la inflación actúan como un `”termómetro” de la situación económica nacional. Advirtió que, mientras el Gobierno no aborde estos desafíos de manera integral, rápida y directa, la economía boliviana continuará deteriorándose progresivamente y la población percibirá los efectos en su economía diaria.
A fin de aportar al debate con soluciones prácticas, Cainco organizó un foro económico con expertos internacionales de tres países para presentar un libro con 10 propuestas de acción concretas y medibles en el tiempo. Aunque el presidente Rodrigo Paz y varios ministros confirmaron su participación, el representante remarcó que, a pesar de existir espacios de diálogo con el Gobierno, las medidas urgentes no se llevaron a la práctica ni se ejecutaron con la rapidez necesaria.
El presidente de la institución empresarial demandó una mayor transparencia al Gobierno respecto a las negociaciones y preacuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y concluyó que dar a conocer estos acuerdos, así como socializar las leyes de inversiones, minería e hidrocarburos, es necesario para generar certidumbre frente a un escenario complejo en el tema energético.
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