Un total de 17 personas murieron de forma violenta en centros penitenciarios de Bolivia en lo que va de 2026, cifra que ya supera los 15 decesos registrados durante todo 2025, informó este miércoles el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien alertó sobre un incremento de la violencia en las cárceles del país.

“Hay un proceso de producción de violencia muy trascendente, con una cifra no vista antes, porque son 17 muertes violentas en lo que va del año en Bolivia, considerando que todo el año 2025 se tuvieron 15 eventos de esta naturaleza”, señaló durante la inauguración del Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América”.

Callisaya advirtió que Bolivia atraviesa una “grave crisis de justicia en el área penitenciaria” y exhortó a las instituciones a priorizar acciones de prevención de la tortura y la violencia en los centros de privación de libertad.

Actualmente, más de 33.000 personas se encuentran privadas de libertad en 46 recintos penitenciarios del país, mientras que el hacinamiento alcanza niveles críticos en penales como San Pedro, en La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz.

El Defensor también señaló que el 53,9% de las personas privadas de libertad se encuentra con detención preventiva, situación que, a su criterio, evidencia problemas estructurales en el sistema de justicia y penitenciario.

Ante este panorama, Callisaya planteó que el Estado debe superar las respuestas únicamente reactivas y trabajar en la transformación de las condiciones que favorecen la violencia y los malos tratos en las cárceles.

“La verdadera medida del éxito no será cuántas denuncias de tortura se reciben, sino cuántas condiciones que hacen posible la tortura han sido eliminadas”, afirmó.

El seminario internacional, organizado por la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se desarrolla este miércoles y jueves en Santa Cruz de la Sierra, con la participación de representantes de organismos internacionales y mecanismos de prevención de la tortura de distintos países de la región.

Durante el encuentro, representantes de Naciones Unidas, la cooperación internacional y organismos especializados coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, monitoreo e investigación para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

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