Durante las últimas dos décadas, la economía política de los mercados ilícitos del narcotráfico, el oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas “se expandió en Bolivia al amparo de un Estado capturado por facciones político-partidarias, grupos sindicales e intereses corporativos influyentes en los poderes locales, el tejido social y las instituciones”.

Así lo sostiene la Fundación Milenio, que esta semana presentó el informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla. También fue presentado el estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, de la organización europea Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.

El documento centrado en Bolivia advierte que el país es vulnerable a la convergencia entre poder autoritario y la criminalidad que trasciende las fronteras nacionales. 

De 2006 a 2025, señalan los autores, hubo una expansión de la economía generada por el narcotráfico, la minería ilegal del oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Identifican que el Estado brindó amparo al estar capturado por facciones político-partidarias, grupos sindicales e intereses corporativos.

Este “sistema de gobernanza autoritaria, criminalidad y corrupción” dejó un saldo de al menos 17 clanes narcotraficantes identificados por las autoridades en 2025, los escándalos de los “narcogenerales” en la Policía y un sistema de justicia sometido al poder político y penetrado por redes de corrupción. 

“Grietas en el sistema” coincide con ese diagnóstico: identifica en Bolivia un patrón de instituciones que existen “en el papel”, pero que carecen de capacidad efectiva. ¿Las razones? Presión política, falta de recursos y precariedad institucional.

 Cita como ejemplos los requisitos de ratificación legislativa, una Unidad de Investigación Financiera, un organismo regulador del comercio de minerales, entre otros.

LISTA GRIS

El informe de Milenio recuerda que Bolivia reingresó en junio de 2025 a la “lista gris” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.

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