El proceso de investigación por el atentado contra la abogada Nadia Beller en el Hotel Swissôtel enfrenta un panorama complejo. Una revisión detallada de las declaraciones públicas de la denunciante frente a los registros oficiales del caso devela un conjunto de al menos una docena de contradicciones e inconsistencias.

Estos contrastes, que van desde los informes médicos hasta la cronología del auxilio, siembran dudas sobre la precisión de las acusaciones.

Uno de los puntos más llamativos en la investigación es la discordancia temporal del suceso.

Beller afirmó ante los medios que, tras sufrir el ataque armado, simuló su fallecimiento durante aproximadamente 30 minutos para evitar que los agresores la remataran.

Sin embargo, el informe técnico del capitán José Argandoña, jefe médico del servicio de ambulancia MIA, certifica que la llamada de auxilio ingresó a las 20:34. A su vez, las cámaras de seguridad del hotel registraron el tiroteo a las 20:37. Esta diferencia de minutos devela que el socorro se solicitó de manera oficial tres minutos antes de que ocurriera el presunto atentado.

A esta inconsistencia se suman las discrepancias sobre el daño físico recibido.

En entrevista con DTV, Beller aseveró de forma categórica que recibió “por lo menos cuatro impactos de bala” y que el personal médico de emergencia ratificó ese número de disparos.

No obstante, los informes de la intervención quirúrgica en la Clínica Metropolitana de Las Américas y la valoración del IDIF determinaron de manera unánime que la víctima recibió tres impactos. Los cirujanos extrajeron exactamente tres proyectiles calibre 9 mm de la región del tórax, zona donde la víctima lucía únicamente tres parches médicos en sus posteriores apariciones televisivas.

ROL ESTATAL

Beller aseguró que asistió a la cita del Swissôtel porque su expareja, Fernando Cerimedo, le garantizó que contaba con una escolta policial de protección. Sin embargo, en su propio relato detalló que acudió al encuentro tras ser contactada por personas de identidad desconocida mediante un número de WhatsApp anónimo (“E. Huanca”), y admitió que nunca supo quién facilitó su número telefónico a estos intermediarios.

Asimismo, Beller denunció de que existe un “encubrimiento institucional” pero se contradijo con sus propias declaraciones. La activista acusó al Gobierno, a la Policía y a la Fiscalía de "tapar" una agresión física previa atribuida a Cerimedo.

No obstante, en la misma declaración reconoció que las autoridades policiales y del Ministerio Público acudieron de inmediato a su domicilio para auxiliarla tras ser alertadas por un periodista.

El operativo no prosperó debido a que ella misma tomó la decisión de no abrir la puerta, según ella misma reveló, lo cual impidió la labor investigativa de las autoridades.

De igual forma, denunció que el Gobierno busca silenciarla. Pero hasta ahora se conocer que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, ordenó la aprehensión casi inmediata del sospechoso y solicitó una investigación exhaustiva sin interferencias.

Paralelamente, la supuesta "mordaza de prensa" que denunció la activista queda desvirtuada ante la masiva cobertura nacional e internacional de sus declaraciones en varios medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

CORRUPCIÓN

El origen de la información sobre presuntos actos de corrupción estatal es otro de los aspectos cuestionados del caso. El 18 de agosto, Beller declaró ante los medios que "trabajaba con ellos" y que fue testigo directa de los supuestos negociados.

No obstante, días después modificó su postura en su muro de Facebook: “Lo que conozco de determinadas circunstancias lo conozco de manera referencial, porque me fue manifestado por el propio Fernando Cerimedo”.

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