El Congreso extraordinario de los productores agropecuarios de Bolivia, reunido en Warnes, decidió dar plazo hasta este domingo al Gobierno de Rodrigo Paz para que abrogue el Decreto Supremo 5676, que fija el precio del diésel en 18 bolivianos por litro para grandes consumidores.

La determinación surge en un contexto de tensión entre el sector productivo y el Ejecutivo, debido al impacto que, según los productores, la norma tendría en los costos de producción y la actividad económica.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, advirtió que, si el decreto no es abrogado, el sector acudirá el lunes al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria de una Asamblea de la Cruceñidad.

“Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, señaló tras la reunión que contó con la participación de representantes de distintos sectores productivos y del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

Frerking remarcó que el sector requiere certidumbre para poder trabajar con normalidad y descartó que la norma pueda ser solo modificada. En esa línea, sostuvo que “la única forma de salir de esta crisis económica es trabajando”, al tiempo de cuestionar que la medida estaría generando mayor especulación, informalidad y corrupción.

El dirigente también respondió al argumento del Gobierno sobre la escasez de diésel, señalando que la solución pasa por garantizar el abastecimiento y permitir mayor flexibilidad en la importación y comercialización del combustible.

“No estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, afirmó.

La eventual convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad será definida por el directorio del Comité Pro Santa Cruz, que evaluará las acciones a seguir en caso de no existir una respuesta del Gobierno.

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