El empresario y líder de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, cuestionó este jueves el proyecto de Ley de Inversiones enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y pidió modificarlo para evitar un sistema “altamente burocrático” que –según él– abre espacios a la discrecionalidad y a posibles actos de corrupción.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Doria Medina afirmó que el Gobierno presentó una norma “ampulosa e intrincada” que contiene 38 artículos justificativos, argumentativos y de definiciones, además de un “complicado sistema de calificación” de las inversiones elegibles y seleccionadas. Criticó especialmente la matriz de 100 puntos que determina el nivel de incentivos tributarios que recibirá cada proyecto.

“Este sistema es altamente burocrático: requiere por ejemplo la aprobación de planes de inversión quinquenales y de una nueva Agencia especializada, completamente dedicada a calificar proyectos”, escribió. Añadió que genera “riesgo moral”, porque la diferencia entre recibir un 20% o un 100% de liberación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y otros impuestos y aranceles dependerá de la decisión de funcionarios.

Doria Medina comparó la futura agencia con áreas de “alta sensibilidad ética” como la importación de combustibles o la regulación de la calidad de los alimentos, sectores que actualmente enfrentan cuestionamientos. Por ello, propuso que el Parlamento cambie el enfoque: “Los incentivos sean automáticos y planos para todos los proyectos del mismo tamaño”.

Señaló que sí deberían mantenerse dos elementos del proyecto: las alianzas público-privadas y el esfuerzo por ubicar al Estado “en el centro”, con fuertes atribuciones del Ejecutivo y del Parlamento en materia de recursos naturales. “Se necesita inversiones, pero también fuertes atribuciones del Estado y el Parlamento”, subrayó.

Finalmente, Doria Medina expresó su esperanza de que el Ejecutivo acepte discutir el texto y “no pretenda aprobarlo por consigna política”.

El proyecto de Ley de Inversiones fue remitido por el Gobierno el martes pasado como una de las primeras medidas estructurales para generar seguridad jurídica y atraer capitales en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

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