Representantes de Libre expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Inversiones impulsado por el Gobierno y advirtieron que algunos de sus planteamientos entrarían en contradicción con la Constitución Política del Estado (CPE), particularmente en lo referido a la resolución de controversias mediante arbitrajes internacionales.

El senador de Libre, José Manuel Ormachea, señaló que la Carta Magna establece restricciones sobre este mecanismo y cuestionó que el proyecto pretenda introducir los arbitrajes internacionales sin una modificación constitucional previa.

“Porque la Constitución prohíbe que haya arbitrajes internacionales en nuestro país para la resolución de controversias. Esta ley propone explícitamente que se habiliten los arbitrajes internacionales”, afirmó el legislador.

Ormachea aclaró que su bancada no se opone necesariamente a la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales para resolver disputas relacionadas con inversiones, pero consideró que para ello primero debe modificarse la Constitución. “No puedes tratar de cambiar la Carta Magna, la ley fundamental, a través de una ley”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que cualquier modificación de este alcance debe comenzar con una reforma constitucional y posteriormente avanzar hacia un paquete de normas que establezca las nuevas condiciones para atraer inversiones al país.

“La solución no es esta ley, la solución es cambiar la Constitución Política del Estado”, insistió el senador, quien también cuestionó otro de los componentes de la propuesta: la creación de una Agencia Nacional de Inversiones.

Según Ormachea, esta nueva instancia podría generar un incremento de la burocracia estatal y concentrar en manos de funcionarios públicos la definición de qué inversiones pueden ingresar al país y bajo qué condiciones.

El legislador sostuvo que la propuesta mantiene, en su criterio, una lógica de intervención estatal similar a la aplicada durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Cuestionó que una agencia determine qué proyectos accederán a beneficios tributarios o facilidades regulatorias, al considerar que ello podría convertirse en un mecanismo de selección política de las inversiones.

De esta manera, Libre anticipó una posición crítica frente al tratamiento del proyecto en la Asamblea Legislativa y planteó que cualquier normativa destinada a incentivar la inversión debe adecuarse primero al marco constitucional vigente.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.