El proyecto de una nueva Ley de Inversiones que será remitido este martes a la Asamblea Legislativa Plurinacional busca establecer reglas claras y previsibles para atraer capital nacional y extranjero, generar empleo formal, incorporar tecnología y fortalecer la industrialización del país, informó el viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui.

La norma será la primera de un paquete de leyes estructurales que el Gobierno prevé presentar al Legislativo y plantea actualizar las condiciones para la inversión, con mecanismos destinados a brindar mayor seguridad jurídica, facilitar la puesta en marcha de proyectos y resolver eventuales controversias entre inversionistas y el Estado.

“Hoy el mundo está compitiendo por capital, tecnología, mercados y obviamente el tema de cadenas de producción. Por eso mismo es necesaria esta ley”, afirmó Jáuregui en una entrevista.

La autoridad explicó que la actual normativa de inversiones tiene más de una década de vigencia y que las condiciones económicas de la región y del mundo cambiaron, por lo que consideró necesario actualizar las reglas para que Bolivia pueda competir por nuevas inversiones.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es generar certidumbre para quienes decidan invertir en Bolivia, de manera que conozcan las condiciones bajo las cuales podrán desarrollar sus proyectos y puedan tomar decisiones de largo plazo.

“La seguridad jurídica no solamente significa que uno tiene que darle privilegios a la inversión; significa que alguien viene a invertir, conozca cuáles son las reglas, que esas reglas sean reglas claras, que tenga previsibilidad”, explicó.

Jáuregui señaló que Bolivia necesita generar condiciones para atraer nuevos capitales, pero también para recuperar inversiones de empresarios nacionales que optaron por llevar sus recursos a países vecinos.

El objetivo, sostuvo, es que tanto inversionistas extranjeros como nacionales encuentren condiciones que les permitan considerar a Bolivia como un destino para desarrollar proyectos productivos.

El viceministro remarcó que la finalidad de la norma no es únicamente atraer capital, sino lograr que esas inversiones contribuyan al desarrollo económico y social del país.

“Las inversiones van a significar empleo formal, incorporar tecnología, conocimientos, aumentar la productividad del sector industrial”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el país necesita capital privado para instalar nuevas plantas industriales, modernizar las existentes e incorporar tecnología que permita mejorar la productividad.

“Necesitamos inversión para instalar nuevas plantas industriales en el sector privado, modernizar las industrias actuales, incorporar tecnología, mejorar esa productividad”, afirmó.

De acuerdo con la autoridad, una mayor inversión también puede contribuir a integrar a los diferentes actores de las cadenas productivas, desde la producción primaria y los emprendimientos hasta la transformación, el abastecimiento y la llegada de productos a los mercados nacionales e internacionales.

Otro de los pilares planteados para la nueva normativa es facilitar la ejecución de proyectos mediante la reducción de trámites, tiempos y costos.

“Tenemos que reducir la burocracia, el Estado tranca, el tema de tiempos, costos para poner en marcha un proyecto”, señaló Jáuregui.

La propuesta también contempla, según explicó, la aplicación de incentivos vinculados a resultados, con el propósito de que los beneficios estén relacionados con objetivos concretos de las inversiones.

“Tenemos que ver el tema de incentivos inteligentes, no regalar recursos públicos sino generar incentivos y anclarlos justamente a resultados”, sostuvo.

Entre los resultados que se espera alcanzar están la generación de empleo, la incorporación de nuevas tecnologías y el incremento de las exportaciones, que permitirían también generar divisas para el país.

La propuesta también considera mecanismos para atender eventuales controversias entre los inversionistas y el Estado.

Jáuregui explicó que estos procedimientos deben ser claros, previsibles y confiables para brindar certidumbre a las partes y permitir que los conflictos puedan resolverse mediante mecanismos establecidos.

“Tenemos que generar esos mecanismos modernos y confiables de previsión y resolución de controversias, eso tiene que ver con arbitraje, que además estos sean compatibles con nuestra Constitución”, afirmó.

La autoridad señaló que estos mecanismos deben generar confianza tanto para el inversionista nacional como para el extranjero.

El proyecto fue socializado, según Jáuregui, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entidad encargada de su elaboración, con diferentes sectores de la sociedad.

La propuesta será remitida a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y debate, como parte del paquete de leyes estructurales anunciado por el Gobierno.

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