En el marco del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo informó que en el primer semestre de este año se registraron 965 denuncias por este delito, por lo que expresó su preocupación por la persistencia de la violencia sexual en Bolivia.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las más graves vulneraciones de derechos humanos, al afectar su dignidad, integridad física, psicológica y sexual, así como su desarrollo integral y proyecto de vida.
Según datos del Ministerio Público, durante la gestión 2025 se registraron 10.816 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 2.313 correspondieron a violación de infante, niña, niño o adolescente.
Entre tanto, en los primeros seis meses de 2026 se registraron 965 denuncias por este delito, concentrándose la mayor cantidad de casos en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“Estos hechos, que frecuentemente ocurren en entornos familiares o cercanos, evidencian una problemática estructural que requiere una respuesta estatal efectiva”, advirtió la Defensoría del Pueblo mediante un pronunciamiento institucional.
Recordó que la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 548, Código Niña, Niño y Adolescente, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales establecen la obligación estatal de adoptar medidas para prevenir y combatir toda forma de violencia sexual.
Asimismo, detalló que entre algunas de las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo contra las agresiones sexuales está la prevención y protección mediante las Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, la Política de Defensoras y Defensores Estudiantiles, campañas de sensibilización y seguimiento a las obligaciones estatales en esta materia.
Con el fin de optimizar el trabajo frente a este delito, Callisaya pidió al Estado a fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente; garantizar una respuesta especializada y libre de revictimización; fortalecer la investigación y sanción efectiva de estos delitos; y asegurar que las decisiones legislativas prioricen la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
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