El Gobierno puso en marcha una investigación interna en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para identificar presuntos hechos de corrupción vinculados a la comercialización de combustibles y anunció una reestructuración institucional que, en una siguiente etapa, también alcanzará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras empresas estatales del sector.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, sostuvo que las dificultades en el abastecimiento de combustibles responden a prácticas irregulares dentro de la cadena de hidrocarburos y aseguró que se adoptarán medidas para desarticular esas estructuras. "Vamos a erradicar la corrupción, que es un mal enquistado en el Gobierno durante más de veinte años, y no vamos a permitir que nadie siga, porque hay mafias internas y externas que juegan con los intereses de los bolivianos y, menos, con nuestras empresas estatales", afirmó.

La autoridad también relacionó las filas registradas en los surtidores con el desvío ilegal de carburantes y advirtió que las personas involucradas enfrentarán procesos judiciales. "La corrupción está acá y fruto de esa corrupción son las colas que tenemos porque la gente está desviando el combustible, lo están vendiendo en otros países contrabandeando (...) y esa gente tiene que ir presa", manifestó.

Como parte de las acciones anunciadas, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó que se conformó un equipo multidisciplinario dependiente de la Presidencia Ejecutiva para revisar áreas estratégicas como comercialización, facturación, sistemas y otros procesos operativos. Explicó que los resultados de esa evaluación permitirán iniciar procesos administrativos y, de ser necesario, presentar denuncias penales.

Paralelamente, la estatal petrolera implementará una plataforma para que productores, transportistas y la ciudadanía puedan denunciar presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles. El sistema trabajará de manera coordinada con las unidades de transparencia de YPFB y el Viceministerio de Justicia para realizar el seguimiento de los casos.

Las autoridades señalaron que entre las denuncias recibidas figuran supuestos cobros indebidos para despachos y asignación de volúmenes de combustible, favorecimientos, pagos para autorizar o renovar licencias de estaciones de servicio, además de presuntas omisiones en la atención de denuncias por parte de las unidades de transparencia. Asimismo, anunciaron investigaciones patrimoniales y financieras contra las personas que sean denunciadas.

El Ejecutivo precisó que, por el momento, no divulgará la identidad de los investigados hasta que las denuncias sean formalizadas ante el Ministerio Público y reiteró que la intervención en YPFB será el primer paso de una reestructuración más amplia del sector hidrocarburífero estatal.

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