El Gobierno y representantes del sector inmobiliario alcanzaron un primer acuerdo para mantener durante este mes los planes de pago establecidos en contratos de compra de bienes, mientras se desarrollan mesas técnicas para resolver la controversia generada por el tipo de cambio aplicado en algunos acuerdos.

El anuncio fue realizado en Santa Cruz tras una reunión con la Cámara Inmobiliaria de Bolivia. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que el compromiso inicial permitirá que los compradores continúen con los cronogramas pactados con empresas formalmente establecidas.

“Hay un primer acuerdo que es que, durante este mes, se va a mantener los planes de pagos que se tenían previamente acordados con las empresas que forman parte de la cámara”, señaló la autoridad, al indicar que desde la próxima semana se instalarán mesas de trabajo técnicas para buscar mecanismos que permitan garantizar la continuidad de los pagos y el cumplimiento de los contratos.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, destacó la disposición de “empresas serias” que plantearon alternativas para enfrentar la situación, aunque advirtió que también se identificaron irregularidades dentro del rubro.

En ese contexto, señaló que se busca diferenciar a las empresas legalmente establecidas de quienes ingresaron al sector con malas prácticas. “No meter en la misma bolsa al sector inmobiliario con piratas, los cuales se metieron al sector para hacer las cosas mal, cabalmente para aprovecharse de la gente que con toda la ilusión venía comprando su terreno”, afirmó.

El ministro Espinoza aseguró que el Estado garantizará la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos, pero remarcó que se tomarán acciones frente a acuerdos que incluyan condiciones fuera de la normativa vigente.

“Garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente y, por lo tanto, la seguridad jurídica que implica ese contrato. Si los contratos tienen cláusulas abusivas, cláusulas que no están dentro de la legalidad, que exceden los cobros permitidos, evidentemente ahí tanto Defensa del Consumidor como cualquier organismo regulador va a actuar”, sostuvo.

Justiniano agregó que, aunque los contratos deben ser respetados, corresponde verificar que estos no contengan condiciones abusivas. En ese sentido, explicó que el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor trabaja en la revisión y certificación de los acuerdos para garantizar que cumplan con la normativa.

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