El Gobierno afirmó este lunes que "es tarea prioritaria" detener al expresidente Evo Morales, contra quien están vigentes dos órdenes de captura, la más reciente por terrorismo y alzamiento armado, dentro de una denuncia por su presunta responsabilidad en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio en el país.
"El Gobierno ha definido como tarea prioritaria detener a Evo Morales (2006-2019)", aseguró de manera escueta el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en una declaración a los medios en la ciudad de Santa Cruz.
La Fiscalía investiga a Morales en un caso que incluye a otros dos dirigentes sindicales y que fue abierto por una denuncia presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.
Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
Los conflictos cesaron después de que el Gobierno logró acuerdos con sectores como la COB y decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos de carreteras.
Morales también negó haber promovido la renuncia de Paz, pero el 24 de mayo escribió en X que el mandatario tenía solo "dos caminos" ante los conflictos: "militarizar" el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
El exmandatario afirmó el viernes que "va a demostrar" que no es culpable de los delitos que pesan en su contra.
A su juicio, el Gobierno busca responsabilizarle "de las movilizaciones sociales para ocultar" la "profunda crisis económica y social" que vive el país, y aseguró que no le "van a intimidar".
El exgobernante permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.
En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso.
Pese a las órdenes de captura, según medios locales, Morales organiza un torneo de fútbol juvenil denominado 'Copa Evo' en el Trópico de Cochabamba, en el que en septiembre espera recibir a 10 delegaciones de clubes locales e internacionales".
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