El Gobierno nacional expresó su rechazo a las medidas de presión anunciadas por el Órgano Judicial y, en su lugar, propuso encarar el conflicto a través del diálogo y la instalación de mesas de trabajo que permitan abordar de manera integral la situación del sistema de justicia.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que el Ejecutivo aguardará la comunicación formal de las autoridades judiciales, aunque ratificó la predisposición de la administración estatal para tratar los temas planteados, incluso en un contexto económico complejo. 

No obstante, la autoridad enfatizó que el análisis no puede limitarse a la asignación de mayores recursos económicos. “El eje ordenador de la discusión… debe ser la reforma de la justicia”, sostuvo, remarcando que los problemas estructurales del sistema requieren soluciones de fondo y no solo ajustes presupuestarios. 

En esa línea, el Gobierno planteó que las demandas del sector judicial pueden resolverse mediante coordinación institucional y diálogo entre órganos del Estado, evitando escenarios de confrontación. Gálvez cuestionó que la solicitud de diálogo esté acompañada de advertencias de presión, al considerar que “todos los temas se pueden resolver sentándonos a la mesa, con un plan de trabajo”. 

Respecto al pedido de incrementar el presupuesto del Órgano Judicial hasta un 5%, el vocero recordó que el país atraviesa una crisis económica, lo que obliga a priorizar el uso eficiente de los recursos públicos. Aun así, aclaró que esto no descarta evaluar las necesidades más urgentes del sistema judicial. 

El pronunciamiento del Ejecutivo se produce en medio de crecientes tensiones con el Órgano Judicial, que ha manifestado la necesidad de mayores recursos para mejorar su funcionamiento, mientras el Gobierno insiste en que cualquier solución debe ir acompañada de una transformación estructural del sistema de justicia en Bolivia.

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