El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró que la entrada en vigencia del régimen de tipo de cambio flexible, prevista para este lunes 29 de junio, no generará alteraciones inmediatas en la economía ni en las actividades cotidianas de la población.

En una entrevista en Bolivia TV, explicó que la medida busca fortalecer la recuperación económica, facilitar el ingreso de divisas y crear mejores condiciones para la inversión y la producción.

"Hay que entender que esto es fundamental para facilitar la reactivación del sector externo, con un tipo de cambio flexible como el que hoy opera en Bolivia", afirmó la autoridad. Añadió que el nuevo esquema beneficiará no solo a los exportadores, sino también a quienes reciben remesas del exterior, inversionistas y personas que deseen ingresar recursos al país, al ofrecer un mecanismo "más simple y transparente".

Espinoza informó que, como complemento al nuevo régimen cambiario, el Gobierno presentará en los próximos días un paquete de medidas orientadas a acelerar la recuperación económica. "Ahora vienen medidas de apoyo financiero", anunció, al explicar que el plan buscará recuperar el capital de trabajo perdido durante los bloqueos, reducir la burocracia, facilitar la actividad empresarial y respaldar a los emprendedores.

La autoridad señaló que la estrategia económica también priorizará sectores con capacidad para generar divisas, como el turismo, la minería y la exportación de servicios, con el propósito de fortalecer el crecimiento y atraer nuevas inversiones al país.

Asimismo, destacó que el nuevo modelo económico sitúa a la empresa, al productor, al emprendedor y a las familias en el centro de la actividad económica. En ese marco, sostuvo que el Gobierno busca generar condiciones para incentivar el retorno de capitales y fortalecer la inversión privada.

Finalmente, recordó que ya están vigentes medidas de apoyo como la Ley de Alivio Tributario, que beneficia a más de 152.000 contribuyentes, el Decreto Supremo de Reprogramación y Refinanciamiento para los sectores afectados por los bloqueos y la reducción del plazo de fiscalización tributaria de ocho a cuatro años, acciones que complementarán el proceso de reactivación económica. 

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