Tras conocerse la conminatoria y el pliego de demandas presentado por la Central Obrera Boliviana (COB), el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el Gobierno está dispuesto a abordar cada uno de los planteamientos en la mesa de diálogo convocada para este miércoles, aunque subrayó que cualquier acuerdo deberá respetar el marco legal vigente.

“Hemos analizado en detalle cada uno de los puntos para evaluar qué se puede hacer, pero será en la mesa de diálogo donde debemos conversar estos temas. Todo tiene que estar sujeto a la Ley, conforme a la Constitución, a la lógica y al sentido común. Confiamos en que podremos ponernos de acuerdo”, manifestó en conferencia de prensa.

El encuentro entre el Ejecutivo y la dirigencia de la COB está previsto para las 9:00 en la Casa Grande del Pueblo, en un intento por encauzar el conflicto social que se prolonga por más de 45 días con bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país.

En ese contexto, Gálvez señaló que si bien el diálogo permitirá tratar diversos temas, las medidas de presión no pueden consolidarse como un mecanismo para resolver disputas. “En las mesas de diálogo también tenemos muchas cosas que decir. Vamos a discutir los distintos puntos, pero debemos crear las condiciones para que esto no vuelva a suceder. Esto no puede ocurrir en democracia; esta no es la manera de resolver los conflictos”, afirmó.

El vocero también destacó que el Gobierno ha mantenido un trabajo constante de acercamiento con diferentes sectores sociales. Según indicó, se han desarrollado múltiples reuniones y se han logrado varios acuerdos en busca de soluciones a la crisis.

“No hemos cesado un solo día en nuestros esfuerzos. Hemos sostenido cientos de reuniones y alcanzado decenas de acuerdos. No podemos permitir que esta situación continúe. La única condición es la que está pidiendo el pueblo, que se levanten las medidas de presión”, agregó.

El Ejecutivo espera que la instalación de la mesa de diálogo permita avanzar en consensos que contribuyan a restablecer la normalidad y atender las demandas planteadas por los sectores movilizados dentro del marco constitucional.

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