El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Regulación de los Estados de Excepción para cumplir “lo que manda la Constitución” y “proteger a los bolivianos”. Además, lanzó una dura advertencia a los grupos violentos y a los narcoterroristas, a quienes aseguró que caerán de la misma forma que el narcotraficante Sebastián Marset. En ese marco, pidió a las FFAA firmeza para ejecutar el plan que, según dijo, el Gobierno tiene ya diseñado.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”, dijo Paz en el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo. La promulgación ocurrió pasado el mediodía, luego de que la Cámara de Diputados sancionara la norma la madrugada del domingo y tras más de 30 horas de sesión.
Durante su discurso, el mandatario denunció que el “narcoterrorismo” está detrás de las movilizaciones, “que ha generado un daño enorme a la patria”, y aseguró que no dejará el cargo, en respuesta a los pedidos de renuncia de sectores radicales vinculados al expresidente Evo Morales. “Somos un gobierno que gobernaremos hasta 2030”, afirmó.
“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, advirtió el Jefe de Estado.
Las protestas escalaron en las últimas semanas. Tras una declaratoria inicial de paro por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado 1 de mayo, el conflicto derivó en bloqueos de carreteras a partir del día 6 de ese mes, con pedidos de renuncia del Presidente como única demanda y rechazo a cualquier mesa de diálogo.
En el transcurso de estas semanas, surgieron videos de grupos armados en redes sociales con amenazas contra el Gobierno. El último, el pasado sábado tras un operativo policial y militar que intentó despejar la ruta entre Santa Cruz y Beni, a la altura de San Julián, donde se registraron hombres armados.
El saldo de ese enfrentamiento fue de 33 personas heridas: 26 civiles y siete efectivos policiales, cuatro de ellos por impactos de bala y uno internado en terapia intensiva con una lesión en la cabeza.
Ante esta escalada de violencia, Paz cuestionó el financiamiento de los grupos violentos. “¿De dónde vienen esos armados, quién les entregó los fusiles, de dónde ese profesionalismo para atacar a nuestras fuerzas del orden que no fueron con armas de reglamento?”, expresó el Presidente.
Asimismo, denunció que, pese a la escalada de violencia, Morales instruyó reforzar los puntos de bloqueo. “Tenemos organizaciones que han presentado su fuerza a través de las armas y el jefe, que está en el Chapare, ayer dio la orden de reforzar a las fuerzas en San Julián para que la violencia sea mayor. Lo dijo públicamente en un medio de comunicación”, afirmó.
El mandatario también criticó el traslado masivo de personas del Trópico de Cochabamba hacia la sede del Gobierno. “¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?”, cuestionó. “No puede haber bolivianos de primera y de segunda, no puede haber bolivianos que estén por encima de la ley, por encima de nuestra democracia y nuestra Constitución”, señaló en otro momento.
En respuesta a la crisis, la nueva Ley 1740 permite al Órgano Ejecutivo dictar el estado de excepción mediante Decreto Supremo ante cuatro escenarios: peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales. La medida tiene una vigencia máxima de 90 días y prohíbe suspender derechos fundamentales. Su ampliación requiere autorización legislativa por mayoría absoluta. La Asamblea Legislativa deberá debatir la medida en un plazo no mayor a 72 horas.
Durante la emergencia, el Estado no puede suspender los derechos humanos ni las garantías de defensa, y los arrestos por incumplir el estado de excpeción no excederán las ocho horas. La norma establece que la Policía mantendrá el mando primario de las operaciones, mientras que las Fuerzas Armadas intervendrán solo si la capacidad policial resulta superada. Además, las acciones de los uniformados gozarán de presunción de legalidad.
