La violencia contra niñas, niños y adolescentes en Bolivia continúa siendo una problemática estructural, extendida y profundamente arraigada en distintos ámbitos de la sociedad, pese a que permanece insuficientemente visibilizada en el debate público y en la formulación de políticas de protección. Así lo establece el estudio “Los rostros de la violencia en Bolivia”, una investigación que reúne evidencia sobre las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y adolescencia en el país.
El trabajo fue impulsado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Save the Children, el Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana y la Alianza Joining Forces, con el objetivo de analizar la situación de protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y aportar información para fortalecer las respuestas institucionales.
La investigación concluye que la violencia contra la niñez no constituye un fenómeno aislado, sino una realidad que se manifiesta de manera simultánea en los entornos familiar, educativo, digital, económico y social. Además, advierte que muchas de estas expresiones permanecen normalizadas o invisibilizadas, lo que dificulta su identificación y atención oportuna.
Uno de los hallazgos más relevantes revela que las unidades educativas son percibidas por los propios estudiantes como uno de los principales escenarios de violencia. El 62,3% de niñas, niños y adolescentes identifica la escuela como el lugar donde se registra con mayor frecuencia la violencia psicológica, mientras que el 61,5% señala que también es el principal espacio donde ocurre violencia física.
La situación se agrava en grupos que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Según el estudio, el 43% de adolescentes con discapacidad reportó haber sufrido situaciones de bullying, una cifra que evidencia los riesgos adicionales de exclusión y maltrato que enfrenta esta población.
Crece la violencia en entornos digitales
La investigación también alerta sobre el incremento de los riesgos asociados al uso de internet y las tecnologías digitales. De acuerdo con los datos recopilados, el 44,64% de niñas, niños y adolescentes tuvo contacto a través de internet con personas desconocidas, exponiéndose a situaciones potencialmente peligrosas.
El informe destaca además que, durante 2024, el Centro de Atención SOS de la Fundación Internet Bolivia recibió 259 reportes relacionados con algún tipo de violencia digital. Del total de denuncias, el 87% fue presentado por mujeres y el 24% estuvo vinculado con amenazas o la difusión de contenido sexual.
Asimismo, un porcentaje significativo de niñas y adolescentes reportó haber recibido mensajes, fotografías o solicitudes de contenido sexual mediante plataformas digitales, reflejando una creciente exposición a formas de violencia que evolucionan al ritmo de las nuevas tecnologías.
Matrimonios tempranos, embarazos infantiles y trata
Los resultados del estudio muestran que las niñas y adolescentes continúan enfrentando riesgos particulares relacionados con la violencia de género y la vulneración de sus derechos.
Entre 2014 y 2023 se registraron en Bolivia 4.804 matrimonios de adolescentes de entre 16 y 17 años. Paralelamente, el informe advierte que cada día se producen ocho embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, una realidad que continúa generando preocupación entre las instituciones de protección.
A ello se suman las cifras relacionadas con la trata y la explotación sexual comercial. El 44,09% de las denuncias por trata de personas y delitos conexos involucra a niñas, niños y adolescentes, lo que confirma que este grupo poblacional sigue siendo uno de los más afectados por este tipo de delitos.
Un llamado a fortalecer la protección de la niñez
Más allá de la presentación de estadísticas, la investigación plantea una reflexión de fondo sobre la necesidad de reconocer la magnitud del problema y actuar de manera coordinada para enfrentarlo.
Las organizaciones impulsoras sostienen que la evidencia recopilada demuestra que la violencia contra la niñez ya no puede ser considerada una problemática invisible. Por el contrario, remarcan que los datos disponibles obligan a fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia, consolidar sistemas de protección más eficaces, incrementar la inversión en prevención y garantizar una respuesta integral frente a todas las formas de violencia.
El estudio concluye que visibilizar esta realidad constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil, y subraya que la construcción de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes requiere acciones sostenidas que coloquen la garantía de derechos en el centro de las decisiones públicas.
Los resultados de “Los rostros de la violencia en Bolivia” representan así una advertencia sobre una problemática que afecta a miles de familias bolivianas y, al mismo tiempo, un llamado urgente a transformar la evidencia en acciones concretas para proteger a la niñez y adolescencia del país.
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