Luego del operativo de desbloqueo en el municipio cruceño de San Julián el sábado, la Defensoría del Pueblo informó este domingo que registró un total de 33 personas heridas, expresó su preocupación ante los hechos de violencia suscitados y alertó el alto riesgo ante la presencia de grupos paraestatales y de choque.
Del total de los heridos, 26 son civiles y siete efectivos policiales. Respecto a las personas civiles, la entidad explicó que 24 presentaban heridas leves y moderadas, por lo que fueron dadas de alta; en cambio, dos fueron internadas en centros de salud para ser intervenidas quirúrgicamente, una por herida de bala.
Sobre los siete efectivos policiales, cuatro fueron atendidos por heridas de armas de fuego, uno de ellos fue herido en la cabeza y permanece en terapia intensiva.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo recordó que toda actuación del Estado en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad personal.
También aseguró que el derecho internacional no protege el ejercicio del derecho a la protesta, cuando se evidencian actos de violencia extrema.
Por otra parte, denunció la existencia de actores paraestatales y grupos de choque y el uso de armas de fuego durante el operativo ejecutado, por lo que pidió al Ministerio Público investigar.
“Durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”, aseguró la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, en línea con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), la Defensoría del Pueblo aseguró que es fundamental que el Estado no estimule estas conductas y actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad.
“La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa”, alertó.
Instó nuevamente a los actores involucrados a evitar la escalada de la violencia, priorizar resoluciones pacíficas, garantizar la protección de la población civil y anunció que continuará con el monitoreo permanente de la situación en el marco de su mandato constitucional.
“La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, con independencia y autonomía funcional, cuya misión es velar por la vigencia, promoción y cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales, sin recibir instrucciones de otros órganos del Estado”, evocó.
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