El Gobierno nacional determinó la expulsión de ciudadanos argentinos acusados de intervenir en asuntos internos del país y promover acciones orientadas a la desestabilización política, tras detectarse su participación en reuniones y en el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) realizado el pasado 30 de mayo.

La decisión surge luego de la circulación de videos e imágenes en redes sociales donde se observa a ciudadanos extranjeros involucrados en actividades políticas locales, incluyendo su presencia activa en ampliados sindicales y otros encuentros en los que se habría instado a la población a exigir la renuncia del presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira.

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, informó que, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Migración, se logró identificar a estos individuos y las condiciones bajo las cuales ingresaron al país. Según explicó, algunos de ellos habrían ingresado con visa de turista, pero realizaron actividades consideradas como injerencia política.

“Ustedes han visto que hemos llevado adelante acciones en coordinación con el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Migración, que ha permitido identificar a título de qué intención se han presentado o han ingresado a territorio nacional ese tipo de activistas que, incluso, han entrado con visa de turista ejercitando acciones de injerencia en la política nacional, y se han aplicado los mecanismos para solicitar la salida inmediata de este tipo de personas que están viniendo a incitar”, manifestó la autoridad.

El canciller calificó estos hechos como una evidencia de un presunto proceso de desestabilización, cuestionando la presencia de ciudadanos extranjeros en escenarios de conflictividad interna. “Esta es la prueba más clara de que esto es un proceso de desestabilización de nuestra democracia, que tendría que hacer un extranjero azuzando a nuestra población y queriendo atizar más un escenario de polarización”, agregó.

Asimismo, recordó antecedentes recientes como el caso de la activista argentina Mercedes Trimarchi, quien participó en un cabildo en la ciudad de El Alto expresando respaldo a movilizaciones y bloqueos. Tras emitir declaraciones consideradas como “afirmaciones falsas, distorsionadas y carentes de sustento”, abandonó el país el pasado 28 de mayo con destino a Santiago de Chile.

Aramayo también cuestionó la permisividad de algunos sectores para la participación de actores extranjeros en espacios sindicales y políticos, señalando que esto abre la puerta a una injerencia internacional que afecta la soberanía nacional.

“Ese es un tema que nos tiene que hacer reflexionar: ¿Por qué entes están permitiendo que entren a sus ampliados actores para que se dé una injerencia internacional? ¿Cuál es la intención entonces de darle espacio y cabida a estos actores extranjeros que están viniendo a dañar nuestra democracia? Hablamos tanto de soberanía y les estamos dando palestra para que vengan y dañen precisamente nuestra soberanía y tengan injerencia en nuestra política interior”, remarcó.

En ese contexto, el Gobierno reiteró su llamado a la madurez política de los distintos sectores, subrayando la necesidad de priorizar el diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

“¿Cómo se puede dialogar con personas que no acceden al diálogo, con grupos que están bastante radicales? El diálogo es el valor supremo de la democracia en cualquier estado y en cualquier sociedad”, sostuvo la autoridad.

Finalmente, el canciller afirmó que, si existe voluntad genuina y transparencia entre las partes, no debería haber razones para rechazar espacios de encuentro, aunque reconoció que el acercamiento con sectores radicalizados representa un desafío significativo. No obstante, insistió en que el diálogo debe mantenerse como pilar fundamental del sistema democrático.

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