Los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía expresaron su respaldo al manifiesto emitido por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), mediante el cual se rechaza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y organizaciones mineras, al considerar que pone en riesgo áreas protegidas y territorios indígenas frente al avance de actividades extractivas.

El defensor de Tariquía, Félix Choque, señaló que las organizaciones que resguardan la reserva ya tenían previsto emitir un pronunciamiento propio, pero decidieron adherirse al documento de CONTIOCAP. Según afirmó, el acuerdo vulnera los derechos de las poblaciones que habitan dentro de reservas y territorios protegidos. “Nos sumamos al CONTIOCAP rechazando este acuerdo porque están vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, manifestó según despacho de Erbol-Tarija.

Los activistas ambientales sostienen que las disposiciones pactadas entre el Gobierno y el sector minero podrían dejar desprotegidas áreas reservadas ante la expansión de actividades extractivas, situación que, aseguran, amenaza ecosistemas frágiles y afecta a comunidades que dependen de estos territorios para su subsistencia.

Por otra parte, los defensores de Tariquía expresaron optimismo tras conocer que el Tribunal Agroambiental declaró improcedente la recusación presentada por YPFB dentro del proceso relacionado con la pausa ambiental solicitada por la Defensoría del Pueblo. La decisión permite que el caso continúe bajo conocimiento del juez agroambiental de Entre Ríos, en Tarija.

La defensora de Tariquía, Barbarita Mesa, destacó que la autoridad judicial conoce de primera mano las características de la zona y las posibles afectaciones derivadas del proyecto exploratorio Domo Oso X3, impulsado por Petrobras. Recordó que el juez realizó una inspección ocular en el área y verificó los lugares donde se prevé la construcción de planchadas, apertura de caminos y otras obras vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

“Estamos muy contentos porque el Tribunal Agroambiental de Sucre le ha devuelto la competencia al juez de Entre Ríos. Él conoce el terreno, ha visto dónde se va a trabajar y cuáles pueden ser los impactos”, afirmó Mesa, quien expresó su esperanza de que las decisiones judiciales se basen en criterios técnicos y ambientales.

La dirigente también recordó que la defensa de Tariquía se ha prolongado por más de una década mediante movilizaciones, cabildos, marchas y procesos judiciales que han alcanzado repercusión nacional e internacional. En ese sentido, pidió que se garantice la protección de la reserva y se priorice la conservación ambiental frente a los intereses extractivos. “Son diez años de lucha y esperamos que se haga justicia y se actúe en honor a la verdad”, concluyó.

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