Antes del asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, otro crimen remeció a los jueces bolivianos: el del chuquisaqueño Wilber Marcial Cruz Arancibia, juez del Tribunal de Sentencia N° 1 de Villa Tunari, victimado a tiros el 7 de noviembre de 2025 en Cochabamba, delante de su hijo. Transcurrieron casi siete meses y hasta ahora ninguna persona está tras las rejas como autora material, aunque hubo una nueva aprehensión al finalizar esta semana.

Según consta en archivos, Remberto López Herbas y Elvis Villarroel Calle, recluido el primero en el penal San Pablo de Quillacollo y el segundo en San Sebastián, fueron señalados como autores intelectuales del crimen. En el caso de Remberto, los investigadores señalaron similitudes en la letra de una libreta hallada en su celda y la de una nota dejada en el auto del juez cuando lo asesinaron. 

Además, la víctima había conocido su proceso por un secuestro ligado al narcotráfico.

Ya imputado por el caso y trasladado a la cárcel cruceña de Palmasola, Remberto López Herbas fue asesinado a tiros el 26 de noviembre en ese penal de máxima seguridad.

Elvis Villarroel, trasladado a la cárcel de El Abra, no corrió esa suerte. Recientemente, pidió sobreseimiento al sostener que no existe un elemento objetivo que lo involucre en el crimen del juez Cruz. 

En medio de las primeras investigaciones, el abogado Lurwyn Ledezma, quien se presentó como control social, acusó al juez victimado de haber recibido un pago del crimen organizado y aseguró que su asesinato era un ajuste de cuentas, según consta en archivos y medios.

A eso, el abogado de la familia de la víctima en esas fechas, Jhon Rioja, declaró a los medios que el juez había sido ejecutado por negarse a ceder a un chantaje y liberar a un preso acusado de violación a una niña de cinco años.

No hubo más imputados hasta el 7 de mayo, cuando la Fiscalía amplió la imputación formal en contra del suegro de Remberto López, Germán Fuentes Lizarazu. Este último fue acusado por un testigo protegido de presuntamente haber pagado 50.000 dólares al juez asesinado para que liberaran a su yerno; el juzgador supuestamente incumplió y por eso lo victimaron. 

A la fecha, Germán Fuentes está con paradero desconocido, según revela un documento oficial con fecha del 4 de mayo.

ÚLTIMOS MEMORIALES

Este 30 de abril, la madre del juez asesinado, a través de un representante legal, Grover Salvatierra, presentó un memorial ante Marcelo Villarroel, fiscal de materia de la Fiscalía especializada en delitos contra la vida de la capital de Cochabamba.

En ese documento solicitaba formalmente la ampliación de plazo para evitar el cierre prematuro de la investigación, a lo que se dio curso. La argumentación del abogado: el crimen no fue un hecho aislado, sino una ejecución por encargo, vinculada a estructuras del crimen organizado transnacional y redes de sicariato. La petición destaca la necesidad de realizar actos investigativos adicionales, orientados a identificar a autores intelectuales, determinar el financiamiento, reconstruir redes de apoyo y analizar comunicaciones y vínculos.

Pide tomar en cuenta la causa del secuestro que atendió la víctima y la sucesión de asesinatos por sicariato que se remontan a enero de 2025.

En otro memorial, presentado el mismo 30 de abril, la madre del juez reitera este pedido con varias puntualizaciones.

Por ejemplo, adjunta códigos QR de videos que corresponden al momento de la ejecución. Según el expediente, el análisis, al menos hasta esa fecha, se había centrado en videos del festival colegial de danzas al que el juez había asistido con su hijo, horas antes de ser asesinado.

Por otra parte, el representante legal de la madre cuestiona la pericia grafológica realizada a la nota dejada en el lugar del crimen y a otras halladas en la celda del reo asesinado, sindicado como autor intelectual.

Antes, en marzo, el abogado de la madre del juez pidió citar a cuatro personas, señaladas como asesinas del juzgador por Remberto López, antes de su ajusticiamiento en Palmasola.

A ello, la Fiscalía responde que no había logrado “encontrar registro alguno de esos ciudadanos”, por lo que resultaba inviable realizar esa exigencia al investigador “máxime cuando la parte proponente no ha coadyuvado proporcionando información adicional para su localización”.

PEDIDO DE PROTECCIÓN

En el primer memorial, el representante legal de la madre del juez asesinado solicita formalmente que le otorguen medidas de protección, que sí fueron dadas desde un principio a su nieto y al testigo protegido.