La Defensoría del Pueblo presentó el Primer Reporte Preliminar sobre la Conflictividad Social en Bolivia, en el que se reporta un total de 321 personas arrestadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 24 de mayo.
De acuerdo con datos verificados por la entidad, del total de los arrestados, 221 fueron liberadas, 89 fueron imputadas penalmente. Entretanto, 12 personas recibieron detención preventiva, 19 detención domiciliaria, cinco medidas sustitutivas y 10 fueron sentenciadas a tres años de privación de libertad mediante procedimiento abreviado.
“La conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana, en la salud y en la convivencia social. Sus consecuencias siguen presentes y latentes en distintos puntos del país. Desde la Defensoría del Pueblo hemos acompañado en terreno con acciones humanitarias, verificación de derechos humanos y gestiones para proteger la vida y el debido proceso”, aseveró el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su cuenta de X.
El documento presentado describe la intervención de la Policía antimotines en enfrentamientos con personas movilizadas en diferentes puntos de la ciudad de La Paz, así como las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana con las Fuerzas Armadas en el operativo “Corredor Humanitario” en carreteras de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, desarrolladas entre el 16 y el 23 de mayo.
El reporte da cuenta de 23 personas heridas de diversa gravedad, entre ellas tres policías, dos periodistas, cinco terceros afectados y 12 personas movilizadas.
También registra siete fallecimientos ocurridos en el contexto de la conflictividad social, algunos de los cuales aún se encuentran en proceso de investigación por el Ministerio Público.
“La vida no puede seguir quedando en medio del conflicto”, enfatizó el Defensor del Pueblo, al exhortar a las partes a generar espacios de encuentro y soluciones pacíficas en beneficio de la población boliviana.
La Defensoría del Pueblo basó su intervención en dos líneas de acción: una humanitaria, destinada a garantizar la protección de derechos fundamentales y la atención de emergencias; y otra dialógica, orientada a promover espacios de encuentro y resolución pacífica de los conflictos.
Este miércoles se cumplen 25 días de bloqueos, pese a que las autoridades del Gobierno nacional mantienen la convocatoria al diálogo con los sectores movilizados para atender las demandas y evitar mayores perjuicios a la población.
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