El Gobierno de Bolivia reconoció este lunes que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país por sectores que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.
El vocero presidencial José Luis Gálvez ofreció una disculpa por una primera versión que dio el sábado en la noche en la que señaló que no había fallecidos ante, según dijo, «noticias falsas» que estaban circulando tras el fracaso de la operación del «corredor humanitario» para el paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos.
«Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar», dijo Gálvez a los medios.
Los militares y policías buscaban el sábado desbloquear la carretera troncal entre las ciudades de La Paz y Oruro, distantes en 227 kilómetros para facilitar la llegada de alimentos, combustible e insumos médicos a la sede del Gobierno y a El Alto, afectadas por el desabastecimiento de los productos.
Sin embargo, el operativo fue suspendido tras los enfrentamientos en varios tramos de la ruta, que derivaron en la quema de oficinas estatales y destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy.
Suceso ocurrido cerca de la localidad de Vilaque
El domingo, medios locales publicaron un reporte forense que certificó la muerte de un civil, Víctor Cruz Quispe, por un «proyectil de arma de fuego», tras un examen realizado en el Hospital de Clínicas de La Paz, a donde el cuerpo fue trasladado el sábado en la noche desde el altiplano.
El suceso ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, donde se enfrentaron agentes policiales y militares con los manifestantes.
La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto pidieron «el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos» el sábado, «en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos».
Gálvez sostuvo que «ninguno de los efectivos» militares y policiales que intervinieron en la operación «portaba un arma de ningún calibre» y que llevaron gases lacrimógenos para usarlos «de manera disuasiva».
Aseguró que desde el Ejecutivo se buscará que haya una «correcta investigación» del suceso «y el que haya asesinado tiene que pagar», pues «la ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley».
Con las protestas y bloqueos iniciados hace 20 días, los sectores campesinos de la zona andina, la Centra Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) exigen la renuncia del presidente Paz, que asumió el Gobierno hace seis meses.
Los cortes de rutas, que se extendieron en los últimos días a otras regiones, también han ocasionado la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.
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