Durante los actos por el 217 aniversario del Primer Grito Libertario en la Casa de la Libertad en Sucre, el presidente Rodrigo Paz anunció la reducción del 50% de su salario y el de su gabinete de ministros. La medida se presentó como parte de un esfuerzo gubernamental frente a la compleja situación financiera que atraviesa el país.

En su intervención, el mandatario explicó que la determinación busca dar una señal de austeridad y empatía desde el Órgano Ejecutivo hacia la población. “Quiero avisarles que este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario el 50%. Para que sea aporte a un esfuerzo claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo. 50% de nuestro salario será rebajado”, afirmó Paz.

Asimismo, el jefe de Estado aclaró que el recorte salarial aplicará exclusivamente a las máximas autoridades y no mermará los ingresos de los trabajadores técnicos del sector estatal. “Y no queremos perjudicar a otras áreas, ni a los profesionales, porque tenemos muy buenos profesionales. No muchos vienen a trabajar al servicio público, no muchos, y no los vamos a perjudicar con rebaja salarial”, puntualizó el presidente.

La disposición responde a la situación económica que enfrenta Bolivia. “El país está en quiebra”, afirmó Paz.

“Perdonazo tributario”

En esa misma, Paz anunció la presentación de un proyecto de ley denominado “Perdonazo tributario”. Esta normativa buscará beneficiar a gremiales, cuentapropistas, transportistas y artesanos que arrastran deudas impositivas por debajo de los 10 millones desde el año 2017, con el objetivo de que reactiven su economía local.

Por otro lado, el mandatario aprovechó el escenario para rechazar las medidas de presión y los bloqueos impulsados por distintos sectores en el occidente del país. Tras convocar al diálogo a las organizaciones sociales, particularmente de El Alto y La Paz, Paz desmintió categóricamente los rumores sobre presuntas políticas de privatización, incrementos en tarifas de electricidad, salud y educación, o la vigencia de la polémica Ley 1720 sobre la tierra.

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