La cifra parece fría hasta que se la mira de cerca: 583 denuncias por trata de personas, delitos conexos y tráfico humano en nueve meses. Detrás de cada expediente hay historias de adolescentes desaparecidas, jóvenes captadas con falsas promesas de trabajo y familias que buscan respuestas en oficinas policiales saturadas. En Bolivia, la mayoría de esas víctimas tiene un mismo rostro: el de una mujer.
Datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), basados en reportes de la Policía Boliviana, revelan que entre enero y septiembre de 2025 las mujeres representaron el 74,51% de las víctimas registradas en casos vinculados a trata y tráfico de personas. Los hombres alcanzaron el 25,27%.
El informe confirma además que la trata de personas sigue siendo el delito predominante dentro de este universo criminal. De las 583 denuncias registradas en el país, 373 corresponden específicamente a trata, equivalente al 63,98% del total, por encima de otros delitos conexos como proxenetismo, pornografía o violencia sexual comercial.
La dimensión del problema se concentra especialmente en jóvenes y menores de edad. El reporte oficial identifica a adolescentes menores de 18 años y personas entre 18 y 29 años como los grupos más vulnerables frente a redes de explotación que operan aprovechando contextos de precariedad económica, migración y desprotección social.
La Paz encabeza las estadísticas nacionales con 223 denuncias registradas hasta septiembre de 2025. Le siguen Santa Cruz, con 198 casos, y Cochabamba, con 99. Las tres regiones concentran la mayor actividad económica y densidad poblacional del país, factores que, según especialistas y autoridades, también facilitan la operación de redes dedicadas a la captación y traslado de víctimas.
Aunque las cifras muestran una reducción respecto a la gestión anterior, las autoridades advierten que el descenso no significa que el fenómeno esté controlado. El OBSCD reportó una disminución del 31,27% en las denuncias del tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, organizaciones e instituciones vinculadas a la protección de derechos humanos sostienen que muchos casos continúan sin denunciarse por miedo, amenazas o falta de acceso a mecanismos de protección.
El tráfico de personas —un delito distinto a la trata, aunque frecuentemente conectado con redes criminales transnacionales— también permanece presente en el país. Entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 23 denuncias relacionadas con este ilícito.
En medio de este escenario, instituciones nacionales e internacionales impulsan nuevas acciones de capacitación. El 28 de mayo será lanzado el diplomado virtual “Prevención, Protección y Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas”, promovido por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) de España, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.
La iniciativa estará dirigida a servidores públicos y profesionales de áreas jurídicas, policiales, educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la atención integral a víctimas y mejorar los mecanismos de prevención.
Porque detrás de las estadísticas no solo hay números. Hay trayectorias truncadas por el engaño, la violencia y la explotación. Y hay una realidad persistente: en Bolivia, la trata de personas sigue teniendo rostro de mujer joven.
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