Las protestas realizadas este lunes en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados.

Esa jornada llegó a La Paz una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que se sumó a otras movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones sociales de la vecina ciudad de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz.

Los manifestantes cercaron las calles aledañas a la plaza Murillo, donde están las sede del Gobierno y el Parlamento, y lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamitas para intentar rebasar a los agentes antimotines desplazados en estos sitios, quienes respondieron con gases lacrimógenos.

Incidentes en La Paz

En medio de la refriega, un grupo de personas arrancó las puertas de un edificio privado para usarlas como protección y algunos sacaron del lugar objetos como papeles y maderas que usaron para encender fogatas para repeler el efecto de los gases lacrimógenos.

En otro sector, funcionarios filmaron el ataque de manifestantes que irrumpieron en el edificio del TDJ, destruyeron y robaron algunos muebles, mientras otro grupo apedreó otro ingreso a los juzgados.

Algunas estaciones de teleféricos que unen a La Paz y El Alto también sufrieron destrozos sobre todo por piedras lanzadas por los movilizados. La más afectada fue una parada situada en el centro histórico de La Paz, donde causaron daños dentro de las oficinas e incluso golpearon brutalmente a un policía que custodiaba el lugar.

Ante esto, la empresa estatal Mi Teleférico tuvo que suspender temporalmente sus servicios en esa línea y en otras tres que tienen estaciones por donde pasaron las manifestaciones.

Trece días de protestas y bloqueos en Bolivia

Medios y vecinos también registraron la quema de un vehículo policial que estaba parqueado cerca de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), mientras que algunas comerciantes callejeras denunciaron que los manifestantes saquearon y destruyeron sus pequeños negocios.

El departamento de La Paz está incomunicado del resto del país desde hace 13 días por bloqueos de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari con el apoyo de la COB, que realiza movilizaciones callejeras en La Paz desde inicios de mes.

En el resto del país también se registran algunos cortes de ruta en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca

La Defensoría del Pueblo lamentó en un comunicado que entre el 12 y 18 de mayo se registraron 15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa durante la cobertura de los conflictos.

El Gobierno de Paz, que lleva seis meses de gestión, ha apuntado a Morales como promotor de las movilizaciones, en un «intento» por volver al poder.

Iglesia, Defensoría y activistas llaman al diálogo a Gobierno

a Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad boliviana de El Alto pidieron este lunes un diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores que exigen la renuncia del mandatario, tras los enfrentamientos, disturbios y saqueos registrados en La Paz.

«Frente a la tozudez del conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones, vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia, invocamos la fecundidad del diálogo», señala un comunicado.

Por esto, las tres instituciones llaman a un «diálogo por el bien común» entre el Gobierno y los principales sectores en conflicto, que son la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, que lideran desde hace dos semanas las manifestaciones y bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz.

Expresaron además su preocupación por la «escalada de conflictividad», las agresiones registradas durante esta jornada y la «vulneración de derechos humanos y las afectaciones a terceros» derivadas de las movilizaciones.

Por su parte, la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, se declaró en «estado de emergencia en defensa de la democracia, la Constitución Política del Estado y el Estado de derecho» y expresó su «absoluta disposición» a apoyar «en la búsqueda de soluciones concertadas en calidad de mediadores» del conflicto.

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